La Fiscalía de Córdoba pide informe de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos sobre las causas

Un elemento central para las investigaciones sobre el siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz el 18 de enero es el trozo de vía desprendido por donde circuló el tren Iryo, pieza que ha sido remitida a un laboratorio especializado de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para un análisis minucioso. La Guardia Civil conservará parte de esa muestra para profundizar en la búsqueda de eventuales responsabilidades penales. El accidente, que provocó 46 víctimas mortales y más de 120 personas heridas, ha generado un despliegue investigativo sin precedentes. Según publicó el medio, la Fiscalía de Córdoba impulsa una serie de diligencias para determinar las causas exactas de la tragedia y evitar que hechos similares se repitan.

Tal como detalló el medio, la Fiscalía solicitó a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro que se practique un informe pericial elaborado por ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Esta petición apunta a que expertos independientes aporten una visión técnica sobre el accidente, ampliando la posibilidad de incorporar otros peritos en disciplinas específicas conforme avance la investigación. Además, se requirió al Tribunal que se proceda a la apertura de las cajas negras de ambos trenes siniestrados en presencia de las juezas encargadas del caso. El Tribunal debe pronunciarse sobre esta solicitud.

De acuerdo con la información, la Guardia Civil entregó un informe preliminar a la autoridad judicial que recopila una serie de pruebas fundamentales para la investigación. Entre ellas se cuentan aproximadamente 2.500 fotografías tomadas en el área del accidente, las dos cajas negras recuperadas y las declaraciones tanto del maquinista superviviente del tren Iryo como de algunos tripulantes y pasajeros. El maquinista del tren Alvia falleció durante el choque, lo que ha conferido aún más relevancia a la declaración del conductor sobreviviente. El medio reportó que, además, se han solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad del apeadero de Adif y las imágenes captadas dentro de los vagones para obtener una reconstrucción precisa de los momentos previos y durante el accidente.

Según consignó la fuente, la apertura y análisis de las cajas negras contará con la participación tanto de la Guardia Civil como de expertos de la CIAF, reconociendo estos dispositivos como elementos esenciales para esclarecer los hechos y respaldar la elaboración de los informes técnicos necesarios. El acceso controlado a estos dispositivos se realizará en presencia judicial conforme a los protocolos de cadena de custodia que se aplican en los procesos de investigación penales de alta complejidad.

El despliegue judicial tras el accidente ha incluido un refuerzo significativo de personal e infraestructura en el juzgado encargado del caso. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, visitó los juzgados de Montoro para abordar las necesidades emergentes y la carga extraordinaria de trabajo generada por la acumulación de denuncias, que hasta hace dos semanas alcanzaban una decena, y las siete personaciones en el proceso. Del Río explicó que "ahora mismo, en estos primeros momentos de cadena de custodia, hay permanente contacto con la Policía Judicial, con los responsables de la Guardia Civil", asegurando que las actuaciones avanzan bajo el estricto control judicial.

El presidente del alto tribunal andaluz adelantó que el próximo 9 de febrero se incorporarán dos nuevas juezas titulares, una de ellas asignada a la plaza número 2, responsable del procedimiento. El objetivo de este refuerzo es agilizar la instrucción y permitir que dos magistradas colaboren en el trámite, aunque la titularidad y responsabilidad recaerá en la jueza designada para la plaza número 2. Además, Del Río indicó la solicitud de un juez de refuerzo y la asignación reciente de dos funcionarias tramitadoras procesales, junto con la petición de un nuevo letrado de la Administración de Justicia, entre otras medidas.

Tal como especificó el medio, una característica particular que complica la tramitación del caso es la necesidad de abrir piezas separadas por cada víctima mortal y cada persona que se persone en el proceso. El propio presidente del TSJA reconoció la complejidad de estas actuaciones, que implican procedimientos diferenciados y un elevado volumen de documentación para garantizar la adecuada protección de datos y el respeto a los derechos de cada afectado.

Lorenzo del Río hizo énfasis en la importancia de que la investigación avance sin demoras, subrayando que la rapidez en la tramitación de las primeras fases resulta determinante para la eficacia del proceso. También valoró que las juezas encargadas y quienes se integrarán próximamente cuentan con experiencia en casos complejos, ya que llevan meses ejerciendo en juzgados con alta carga de trabajo y formación previa especializada.

En cuanto al proceso de recolección y custodia de pruebas, Del Río explicó su interés en que cada paso se desarrolle cumpliendo todos los protocolos legales, con la presencia de juezas y personal técnico autorizado. Agregó que todas las hipótesis permanecen abiertas respecto a las causas del accidente, enfocándose en el estado de las vías, el material rodante y los propios vagones. La evolución de la investigación dependerá de los resultados de las diferentes pruebas y peritajes técnicos realizados por expertos en transporte ferroviario, metalurgia y otras disciplinas afines.

El medio detalló que la tramitación del ofrecimiento de acciones a heridos y familiares implica la apertura de procedimientos particulares por cada afectado, gestión que persigue la protección individual de los datos personales y la notificación adecuada de eventuales derechos procesales. Si la persona lesionada no puede recibir dicha notificación debido a su estado de salud, la comunicación se efectúa a los parientes más cercanos, conforme lo dispone la normativa.

La causa penal adjunta varias hipótesis sobre la raíz del accidente, debido a la concurrencia de distintos operadores ferroviarios y de infraestructuras, y por los intereses contrapuestos de las partes implicadas. La instrucción abarca la toma de declaraciones a todas las personas involucradas y la realización de pruebas que puedan contribuir a aclarar las circunstancias exactas del descarrilamiento y posterior colisión, hecho que, según la información consolidada por el medio, ocurrió cuando el tren Iryo, a las 19:45 horas del domingo 18 de enero, perdió contacto con los raíles y terminó chocando contra el Alvia que circulaba en sentido contrario con dirección a Huelva.

Entre los peritajes técnicos previstos, la Fiscalía enfatizó la necesidad de contar con valoraciones expertas altamente especializadas para reconstruir la secuencia de eventos. El análisis del fragmento de vía se orienta a identificar defectos estructurales o de mantenimiento que pudieran haber desencadenado el siniestro. Paralelamente, la colaboración entre la Guardia Civil, la autoridad judicial y la CIAF busca garantizar el rigor en la recopilación, almacenamiento y procesamiento de toda la evidencia relevante recolectada hasta el momento.

El medio también subrayó que el juzgado que instruye la causa gestiona otras materias sensibles, como casos de violencia de género, lo que incrementa la presión sobre su personal y justifica la solicitud de refuerzos adicionales. El presidente del TSJA remarcó que “lo que sea necesario lo vamos a poner”, anticipando nuevos apoyos para asegurar la adecuada atención de las víctimas y la tramitación eficaz del expediente judicial.

Toda la cronología de actuaciones observa procedimientos orientados a la transparencia y la conservación de la cadena de custodia. Queda pendiente la decisión del Tribunal respecto a la apertura formal de las cajas negras, cuyo contenido se espera arroje información determinante para conocer los factores que motivaron el descarrilamiento y la posterior colisión frontal de los trenes. Mientras tanto, los expertos designados por la Fiscalía y los equipos judiciales continúan profundizando en la obtención y análisis de cada uno de los elementos probatorios identificados, de acuerdo con la hoja de ruta delineada en los días posteriores a la tragedia.