Madrid, 3 feb (EFE).- El Gobierno pretende impulsar distintas modificaciones legislativas, algunas a través del Código Penal y otras con una Ley Orgánica específica, para regular distintos aspectos en torno a las redes sociales, como la prohibición para los menores de 16 años o la creación de nuevos delitos como la manipulación algorítmica.
Estas son las claves más destacadas de lo que pretende acometer el Ejecutivo:
El Gobierno pretende que los directivos de las plataformas digitales puedan ser considerados "penalmente responsables" de las infracciones cometidas en sus respectivos servicios, especialmente cuando éstos incumplan una orden de retirada de contenidos ilícitos.
Así, según fuentes del Gobierno, los altos ejecutivos de empresas tecnológicas podrían responder penalmente por la inacción deliberada ante este tipo de contenidos.
El Gobierno quiere que sean nuevos delitos "la manipulación de algoritmos que facilite la amplificación deliberada de contenidos ilegales, y la alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos".
Estos contenidos, añade, no surgen de forma espontánea, sino que son "creados, impulsados y amplificados por actores concretos y por algoritmos diseñados para maximizar beneficios".
Tanto la propuesta para considerar penalmente responsables a los directivos de las redes sociales como el referido a la manipulación de los algoritmos se plasmará con una modificación del Código Penal y a través de un Proyecto de Ley Orgánica que el Ejecutivo pretende llevar al Parlamento.
El Ejecutivo ha anunciado que desarrollará un sistema denominado Huella de Odio y Polarización, destinado a "rastrear, medir y hacer visible cómo las plataformas digitales fomentan la polarización social y amplifican el odio".
El objetivo es transformar un fenómeno hasta ahora opaco en un elemento cuantificable, en el que habrá un ránking de mejores y peores plataformas en relación con la presencia de odio y polarización en las mismas.
Se pondrá en marcha a través de una herramienta que permitirá un análisis del comportamiento de las plataformas y de sus algoritmos, con el que se podrán sacar conclusiones para favorecer entornos digitales más seguros.
El Gobierno también prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, como ya han hecho países como Francia y Australia, y obligará a la redes a establecer sistemas efectivos y fiables de verificación de edad.
En este caso, esta medida se pondrá en marcha introduciendo un nuevo artículo del Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad en entornos digitales.
Además, el Gobierno asegura que actuará con "tolerancia cero" con posibles infracciones cometidas en plataformas digitales en las que se generen contenidos de inteligencia artificial sexualizado de menores o se difundan.
Para ello, se intensificará la labor que lleva a cabo el Ministerio Fiscal para prevenir este tipo de infracciones y promover la acción de la Justicia cuando se detecten. EFE

