El acusado del asesinato del canónigo niega haber participado en el crimen y que tuvieran relaciones : "Soy inocente"

El detalle de que, según el acusado, un tercero le confió tanto las tarjetas bancarias como el móvil del canónigo tras el crimen se convirtió en un punto clave durante la última sesión del juicio, celebrada en la Audiencia de Valencia. De acuerdo con el medio El País, el procesado defendió su inocencia respecto a la muerte del religioso, negó haber mantenido vínculos sentimentales con la víctima y señaló a una persona identificada como Manuel como la verdadera fuente de los objetos sustraídos tras el asesinato.

El acusado, Miguel, único procesado por el asesinato del canónigo de la Catedral de Valencia, insistió ante el jurado en que no había participado ni directa ni indirectamente en el crimen y que desconocía el fallecimiento de la víctima al recibir las tarjetas y el teléfono móvil. Según publicó El País, Miguel admitió haber retirado dinero con las tarjetas bancarias de la víctima, pero justificó sus actos por desconocer en ese momento lo ocurrido. Declaró: "Soy inocente en realidad", declaración que realizó al ejercer su derecho a la última palabra antes de la deliberación del jurado.

Durante la audiencia, concluyeron también los informes de Fiscalía y de la defensa. El fiscal pide una condena de 28 años de prisión para Miguel por asesinato y robo con violencia, considerando que actuó junto a una persona no identificada la noche del 21 de enero de 2024, cuando murió Alfredo, el canónigo de 79 años. El representante del Ministerio Público añadió a la acusación el delito de estafa continuada por el uso de las tarjetas bancarias robadas; mientras tanto, la defensa solo acepta que los hechos se puedan calificar como estafa y reclama una pena de un año de cárcel por este motivo. El jurado recibirá el objeto del veredicto el próximo lunes.

El País detalló que Miguel, que está en prisión preventiva desde los hechos, explicó que mintió en su primera declaración respecto a no conocer a la víctima por miedo y vergüenza. Asimismo, rechazó categóricamente la existencia de cualquier relación sentimental con el canónigo; argumentó que, a diferencia de otros jóvenes, nunca accedió a peticiones por parte del religioso ni fue objeto de propuestas extrañas. Según declaraciones de testigos recogidas por El País, el canónigo solía invitar a jóvenes vulnerables a su domicilio, ofreciéndoles dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. Miguel señaló que tras un bloqueo temporal del móvil por parte de la víctima el 13 de diciembre, motivado –según él– por no acceder a esas relaciones, no volvió a tener contacto con el canónigo.

En relación a su relación con las otras personas implicadas, Miguel indicó que conoció a Alfonso, es decir, la víctima, a finales de julio de 2023. En agosto de ese año, el canónigo le habría invitado a su apartamento en la playa de El Perelló, donde pasó la noche, y ambos regresaron juntos a Valencia al día siguiente; negó haber sido expulsado de la vivienda después de esa estancia. Respecto a Manuel, la persona que supuestamente le entregó las tarjetas y el teléfono, declaró que se conocieron en diciembre mientras ambos trabajaban como temporeros en el campo y que su comunicación era a través de WhatsApp. Según indicó El País, Miguel mencionó que le habló a Manuel sobre Alfonso como alguien que podía ayudarle.

Sobre la noche del crimen, Miguel alegó que se desplazó desde Torrent hasta Valencia para encontrarse con Manuel, quien le ofreció trabajo para el día siguiente recolectando naranjas. Describió cómo tras apearse en metro a las 21:25 horas permaneció en la plaza de la Reina hasta las 4:00, cuando recibió una llamada de Manuel para encontrarse en un parque. Aseguró no haberse acercado nunca a la vivienda de Alfonso esa noche, según relató ante el jurado tal como consignó El País.

La entrega de las tarjetas y el móvil desbloqueado, siempre según su testimonio, se produjo en ese encuentro, con la indicación de Manuel de que Alfonso solo estaba "dormido". Miguel reconoció haber utilizado las tarjetas bancarias para retirar dinero y realizar compras —confirmó haber llamado al banco para obtener el número pin y luego descubierto este entre las pertenencias entregadas gracias a una anotación—. Posteriormente, manifestó que tras recibir de Manuel cerca de 900 o 1.000 euros en una segunda ocasión, aquel le confesó que Alfonso estaba muerto y le advirtió que no acudiera a la policía si no quería tener problemas.

El País señaló que Miguel explicó ante el tribunal que los mensajes enviados desde el móvil de la víctima —tanto al portero del edificio, justificando la ausencia del canónigo ese fin de semana, como en respuesta a felicitaciones por el día de su santo— obedecieron a su necesidad de tiempo para decidir cómo proceder. Añadió que planeaba entregarse a las autoridades "porque no había hecho esa muerte y no iba a asumir una responsabilidad que no le correspondía". Respecto a la pérdida de su propio móvil, declaró que desapareció tras salir de un pub la noche anterior a su detención.

Durante su intervención, Miguel cuestionó el proceder policial, señalando que "no investigó bien", que los agentes no le pidieron permiso para registrar su habitación y que el caso se cerró "en falso". Dijo desconocer cómo Manuel llegó a conocer a Alfonso, cómo accedió a la vivienda ni las causas de la muerte del canónigo. "Manuel no es amigo mío, solo lo conocía", puntualizó según difundió El País.

En las conclusiones finales, el fiscal manifestó ante el jurado que no acusaba a Miguel de ser el autor material del crimen, aunque consideró que tenía conocimiento de lo que iba a suceder y que estuvo presente. "Entre dos personas lo mataron, el otro no sé, pero Miguel había tenido con Alfonso algún problemilla, como reconoció su asistente, se aprovechó de la situación y hemos cogido al menos hábil", afirmó el fiscal. El representante del Ministerio Público enumeró lo que definió como "mentiras" y "contradicciones" en el relato de Miguel, destacando que solo mencionó a Manuel en su declaración de instrucción, un año después de los hechos, y precisamente el mismo día de la vista alegó por primera vez que tenía el número telefónico de ese individuo.

El fiscal, siguiendo lo publicado por El País, puso de manifiesto que no se conoce la hora precisa del crimen ni el tiempo exacto que los implicados permanecieron en la vivienda. Sin embargo, evidenció que a las 2:02 horas del 22 de enero se utilizó el móvil de la víctima para solicitar una contraseña y a las 4:44 se realizaron varias llamadas al banco en busca de la clave para operar con las tarjetas. Los registros indican que el móvil de Alfonso estuvo en su domicilio hasta las 3:21, cuando fue retirado del lugar junto al terminal de Miguel. "No ha montado ni una sola versión coherente, no tenemos todas las piezas del puzzle pero sí las suficientes para ver la figurita", apuntó el fiscal.

Por su parte, la defensa remarcó las presuntas deficiencias en la investigación: falta de rastreo del mencionado Manuel, inexistencia de un esfuerzo suficiente para recuperar el WhatsApp del acusado, ausencia de inspección sobre las llamadas de la víctima el día del asesinato y falta de revisión total de las grabaciones de cámaras de seguridad del entorno. También cuestionó la lógica de que Alfonso hubiera recibido en su casa a Miguel tras haberle bloqueado, además de subrayar que el acceso al domicilio solo era posible llamando al móvil porque el portero eléctrico había sido anulado. El abogado defensor puso en duda que el procedimiento policial fuera exculpatorio, argumentando que, si Miguel fuera culpable, no habría conservado el móvil de la víctima mientras se deshacía del propio.

Entre los elementos apuntados por la defensa y recogidos por El País, se mencionó el hallazgo de siete huellas dactilares y dos perfiles genéticos no identificados en la vivienda de la víctima. También se señaló que el teléfono móvil de Miguel compartía trayectoria de señal con el de Alfonso hasta las 4:05 del día 22, y que este hecho no probaba la permanencia en el domicilio. La defensa terminó criticando que, a su juicio, la investigación aparecía "cerrada en falso" con demasiados asuntos sin resolver, y declaró: "No interesa la verdad y nadie merece 28 años de cárcel por un caso con demasiados flecos".

Tras esta última sesión, el jurado deberá deliberar con base en los elementos presentados y emitir su veredicto, lo que constituirá el siguiente capítulo procesal de este caso.