El Supremo escucha a 'Alvise' este lunes por presunto acoso a dos eurodiputados que fueron en su lista

El magistrado instructor Manuel Marchena mantuvo una comunicación clave con Luis 'Alvise' Pérez antes de que el Parlamento Europeo pudiera intervenir en su inmunidad parlamentaria. De acuerdo con lo que reportó Europa Press, el líder del partido Se Acabó la Fiesta (SALF) fue citado a declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo este lunes, tras la denuncia de los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco, quienes formaron parte de su lista en las recientes elecciones europeas y que aseguran haber sido objeto de presunto acoso.

Según detalló Europa Press, el Tribunal Supremo aceptó a trámite la querella interpuesta en junio por Solier y Junco, quienes después se ratificaron ante el instructor reafirmando la denuncia contra el dirigente. Ambos eurodiputados argumentan que resultaron víctimas de una campaña continua de hostigamiento coordinada por Pérez mediante publicaciones en redes sociales, podcasts y su canal de Telegram. Relataron haber sufrido la exposición de datos personales como sus direcciones de correo electrónico y números de teléfono, lo que derivó en la recepción de miles de mensajes ofensivos y amenazas. Esta situación, explicaron, alcanzó un punto en que llegaron a temer por su integridad física, al haberse difundido públicamente información relacionada con su ubicación.

Europa Press reveló que la repercusión directa sobre la vida de los denunciantes no se redujo solo al ámbito profesional, ya que describieron sentirse obligados a modificar su día a día. Manifestaron que cerraron algunas de sus redes sociales, limitaron comentarios de terceros en otras plataformas y dejaron de responder llamadas de números desconocidos. A raíz del clima generado, aseguraron que el volumen de correos electrónicos amenazantes y de contenido intimidatorio afectó su labor parlamentaria y el desarrollo ordinario de su vida familiar, incrementando la sensación de inseguridad y el miedo a ser interceptados por extraños.

Ambos eurodiputados abandonaron posteriormente el partido liderado por Pérez y se integraron en el grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos, que encabeza el partido Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni. Según informó Europa Press, Solier y Junco también expresaron su apoyo al exdirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en la presentación de la Fundación Atenea. En la denuncia presentada, los parlamentarios mencionaron que las publicaciones presuntamente dirigidas por Pérez incitaban a sus seguidores a adoptar una postura hostil contra ellos, lo que acrecentó las agresiones digitales y el aislamiento social hacia los querellantes.

El Tribunal Supremo, tal como recogió Europa Press, consideró que la conducta atribuida a Pérez podría ajustarse a posibles delitos de acoso y revelación de secretos. Los magistrados describieron que en sus plataformas digitales, el dirigente habría realizado llamadas explícitas a su audiencia para desplegar acciones hostiles contra los afectados. El análisis del Supremo sostiene que, para cumplir su objetivo, Pérez pudo difundir públicamente aspectos personales e identificativos de los querellantes, sin modificar su actitud pese a las muestras, por parte de algunos seguidores, de interés en alterar su rutina cotidiana.

La Sala Penal del Supremo hizo referencia a una intervención de Pérez en su 'podcast', fechada el 20 de abril, en la que exhortó abiertamente a sus seguidores: "Perseguidles y pedidles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado". Según detalló el Tribunal, frases como estas alimentarían la sospecha de una intención consciente de comprometer la vida cotidiana de las víctimas, dado el efecto multiplicador de su red de seguidores y la reiteración de los llamamientos al hostigamiento ante el rechazo a la postura política de Solier y Junco.

Además de esta causa, Europa Press indicó que el líder de Se Acabó la Fiesta enfrenta otras tres investigaciones abiertas en el Supremo: la difusión de un resultado falso de PCR relativo a Salvador Illa, presidente de Cataluña y exministro de Sanidad; el presunto acoso digital a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert; y por supuesta financiación ilegal de su partido vinculada a un ingreso de 100.000 euros realizado por el empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain'.

La instrucción del caso continúa, y el auto de admisión a trámite pone el foco en que la actividad de Pérez trascendió el debate político y se tradujo en una reiterada exposición a situaciones de temor y afectaciones en la vida personal y profesional de los querellantes. El sumario recoge que la persistencia de mensajes hostiles o intimidatorios, auspiciados desde cuentas vinculadas al propio Pérez, creó un ambiente de hostilidad permanente para Solier y Junco.

Según documentó el propio Supremo, la investigación contempla no solo la publicación sistemática de mensajes, sino la presunta revelación deliberada de información sensible de las víctimas y la incitación pública a terceros para que participaran en dinámicas de hostigamiento, lo que habría impulsado una reacción colectiva de acoso tanto en el entorno digital como en espacios de la vida cotidiana de los eurodiputados.