La jueza de la dana pide a Emergencias que concrete los municipios incluidos en el ES-Alert 710 de las 20.57 horas

La diligencia judicial que busca esclarecer la gestión del episodio de lluvias intensas en Valencia ha incluido recientemente una nueva demanda de información por parte de la magistrada responsable de la investigación. Según consignó el medio, la jueza ha dado un plazo de tres días a la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat para que precise qué municipios de la provincia de Valencia recibieron el mensaje de alerta de emergencia ES-Alert número 710, emitido el 29 de octubre de 2024 a las 20:57 y vigente hasta las 0:57 de la madrugada siguiente. La solicitud se enmarca en la causa que se tramita en el Tribunal de Instancia de Catarroja, que analiza la actuación de las autoridades durante la riada que provocó 230 víctimas mortales.

De acuerdo con la información difundida por la prensa, la jueza dirige este requerimiento tras recibir un informe preliminar de la Subdirección General de Emergencias. El documento incluía el contenido textual del ES-Alert 710, el horario exacto de su envío y una delimitación general de las áreas afectadas por desbordamientos en la provincia. Al informe se adjuntó una copia impresa del mensaje de alerta, obtenido del portal oficial https://es-alert.proteccioncivil.es/, en la que se describen tanto la zona abarcada por la emergencia como el texto íntegro comunicado a la población.

El mensaje de alerta, redactado en castellano y valenciano, se catalogó bajo la categoría de “Inundaciones” y contenía la descripción “Zonas afectadas por desbordamientos”. El texto instaba a la población a resguardarse en sus domicilios, especialmente a quienes residían en viviendas situadas cerca de ríos, cauces, barrancos o ramblas, recomendando que mantuvieran la distancia y buscaran zonas elevadas. Además, se indicaba a los ciudadanos que siguieran atentamente posibles nuevos avisos a través del mismo canal y otros medios oficiales, mencionando la cuenta de X @GVA112 y el canal regional À Punt.

Tal como detalló el medio, la magistrada formalizó la petición en una providencia fechada el jueves y notificada este viernes a las partes involucradas en la causa. La actuación judicial responde a la relevancia de determinar con exactitud qué localidades estuvieron incluidas en la zona de cobertura de la alerta, información que podría ser clave a la hora de analizar la eficacia y el alcance de los mecanismos de emergencia activados esa noche.

La investigación que dirige el Tribunal de Instancia de Catarroja tiene como trasfondo el impacto de la dana —depresión aislada en niveles altos— que azotó la región a finales de octubre. Durante esas horas, la provincia de Valencia sufrió copiosas precipitaciones que derivaron en el desbordamiento de cursos fluviales y la inundación de áreas urbanas y rurales. El episodio culminó con un saldo de 230 víctimas mortales, lo que activó la revisión exhaustiva de los protocolos de actuación, comunicación y gestión de emergencias aplicados por la administración autonómica.

En el informe preliminar enviado a la jueza, Emergencias detalló el texto del ES-Alert número 710, la hora del envío y una diferenciación general de las áreas afectadas, pero la petición actual de la magistrada exige la enumeración precisa de los municipios involucrados. Según consignó la prensa, se pretende con esto establecer si la alerta alcanzó a todas las poblaciones que la situación de peligro demandaba e identificar posibles debilidades o lagunas en la distribución del aviso.

El contenido del mensaje de emergencia, tal como informó el medio, instruía a la ciudadanía para que —debido a las fuertes lluvias y el riesgo de desbordamiento— permaneciera en casa y se alejara de zonas peligrosas, subrayando la recomendación de acudir a terrenos elevados en caso de proximidad con cauces o ríos. La advertencia se emitió en dos idiomas, facilitando así la recepción y comprensión del aviso entre el conjunto de la población valenciana.

El envío del ES-Alert nº 710 fue realizado por la Subdirección General de Emergencias y apareció registrado oficialmente en la plataforma de Protección Civil, lo cual permitió documentar de manera fehaciente tanto la hora como el área nominal de cobertura. Según el informe remitido a la magistrada, la zona que recibió el aviso correspondía a áreas identificadas como vulnerables por desbordamientos y acumulaciones de agua durante el temporal.

En paralelo a esta instrucción, tal como añadió el medio, la jueza también admitió a trámite una denuncia por lesiones relacionada con el mismo episodio, derivada desde el Juzgado de Instrucción número 1 del Tribunal de Torrent, que resuelve trasladar la competencia sobre el caso al Tribunal de Catarroja. Con este movimiento, la magistrada amplía el ámbito de la instrucción más allá de la gestión de la emergencia, incluyendo el análisis de posibles responsabilidades penales por lesiones resultantes del temporal y el manejo de la crisis.

Las sucesivas demandas de información a la Subdirección de Emergencias forman parte de la secuencia de actuaciones impulsadas desde el juzgado instructor para depurar las circunstancias exactas de la riada y la forma en que las autoridades crisis gestionaron la comunicación a la ciudadanía. Según mencionó el medio, la puntualización de los municipios afectados por la alerta ES-Alert 710 es uno de los datos solicitados para esclarecer el flujo y la eficacia con la que se transmitió la información crucial durante las horas en las que se desarrolló la catástrofe.

La instrucción abierta no solo revisa los mensajes de alerta y su cobertura, sino que incorpora el análisis de la gestión operativa del emergente. Para ello, la jueza va acumulando informes, impresiones de los avisos oficiales y partes remitidos tanto por la administración como por los servicios auxiliares implicados en la atención a la emergencia provocada por la dana en Valencia.