Abogado de oficio por 20 céntimos la hora: la precariedad amenaza a la Audiencia Nacional

Adrián Masa de Vega

Madrid, 19 ene (EFE).- Afrontar una macrocausa con 500.000 folios de sumario y 30 días de juicio en la sede de San Fernando de Henares, en la periferia de Madrid, por poco más de 2.000 euros. Es un ejemplo de la precariedad que denuncian los abogados del turno de oficio de la Audiencia Nacional, que amenazan con una "renuncia masiva".

Los baremos del Ministerio de Justicia establecen que estos letrados cobren 408,24 euros brutos por caso, lo que supone un pago real de casi 20 céntimos por hora si se descuentan todos los gastos a los que tienen que hacer frente en su labor. Ni siquiera cubren eso gastos, según denuncian las asociaciones.

Ante esta situación, la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) instó en el mes de diciembre a estos abogados a renunciar al servicio dadas las precarias condiciones económicas en las que trabajan.

En consecuencia, el pasado miércoles la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional respondió -al menos parcialmente- a sus demandas, y manifestó públicamente su "preocupación" por una circunstancia que amenaza "el buen funcionamiento de la Justicia".

Para Antonio Abellán, letrado del turno de oficio en ese órgano judicial, esta declaración es "histórica" y "muy positiva", ya que supone "una llamada de atención" al propio ministerio: "Sin abogados no hay Justicia y el sistema se paraliza".

Para ser letrado de oficio en la Audiencia Nacional es requisito indispensable acreditar más de diez años de experiencia y, posteriormente, realizar un curso de especialización.

Una vez que se accede al turno, -explica Abellán- se trabaja en macrocausas de "máxima envergadura" que implican una dedicación casi completa, "descuidando en ocasiones los casos del despacho particular" de cada letrado, y por las que, si el acusado no entrega la documentación necesaria, puede no recibir pago alguno.

Los baremos ministeriales reconocen compensaciones adicionales como 24,20 euros por cada mil folios extra de sumario (poco más de dos céntimos por cada folio) o 73,87 euros por cada día de vista oral a partir del segundo: "Una cantidad que no llega ni a considerarse una migaja", a los ojos de la abogada Eva Papadópulos.

La precariedad en la que se ven obligados a gestionar causas en las que se analiza "un volumen de información inmanejable" hace que sea "imposible" que los abogados de oficio compitan con letrados particulares, que cuentan con unas condiciones económicas "incomparables" a las suyas, según recalca Abellán.

Las retribuciones marcadas por el ministerio, según alerta el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), se traducen en una indemnización real de 0,10 y 0,20 euros por hora una vez descontados impuestos, desplazamientos y tiempos de preparación.

Un pago que, en palabras de Abellán, hace que se "confunda" el turno de oficio con "un voluntariado": "La vocación existe, porque sin ella la abogacía y, más aún, la defensa penal no se ejercería, pero no hacemos voluntariado y mucho menos de mecenas poniendo nuestro propio dinero".

Juan Manuel Mayllo, responsable del Turno de Oficio del ICAM, coincide en que, "como es lógico", el turno "es vocacional, pero otra cosa es que se ponga en peligro ejercer una defensa conveniente", ya que se pide a los abogados "hacer un esfuerzo por encima de lo que es exigible".

Habría que imaginarse -dicen- que estas indemnizaciones "miserables" se aplicaran, por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad, donde se "obligara a los médicos a operar y atender a sus pacientes sin cobrar: sería un disparate".

Mayllo apunta que "no se puede esperar que el derecho a la defensa, que debe garantizar el Estado, lo proporcionen los letrados con su esfuerzo, sin cobrar y poniendo en riesgo su patrimonio".

Por su parte, el Ministerio de Justicia recalca su compromiso en la actualización de la retribución en el turno de oficio y recuerda la aprobación el año pasado de un incremento del 8 % en los baremos, así como su intención de elaborar una nueva ley de asistencia jurídica que "modernizará" este servicio, según dicen a EFE fuentes de este departamento.

En ese caso, el ICAM estaría obligado a designar un letrado de entre los 46.000 ejercientes que hay en Madrid y "podría darse la posibilidad de enviar un experto en derecho canónico a un procedimiento por narcotráfico".

Para que esta situación no amenace el derecho a una defensa adecuada, las asociaciones y el propio ICAM instan al Ministerio de Justicia a tomar medidas inmediatas, ya que "el riesgo de colapso” del sistema de Justicia Gratuita en la Audiencia Nacional "es real y cercano". EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: Referencia 802291171)