Durante la comparecencia ofrecida en la sede nacional del Partido Popular (PP) para hacer balance del año 2025, Alberto Núñez Feijóo se refirió al reparto de competencias relacionadas con las políticas sociales y de vivienda, recordando que estas atribuciones recaen, en primer lugar, en la Generalitat de Cataluña, después en el Gobierno central y, finalmente, en los ayuntamientos. "Ese es el elenco competencial en materia de vivienda y política social, tal como se distribuye de acuerdo con la Constitución, los estatutos y las transferencias a las comunidades autónomas", afirmó el líder del PP, según consignó el medio.
De acuerdo con la información publicada por el medio, el presidente del Partido Popular expresó su respaldo al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, tras el desalojo que se llevó a cabo en el antiguo instituto B9 de Badalona, donde residían cerca de quinientas personas que habían ocupado ilegalmente el edificio. Feijóo enfatizó la importancia de que "los problemas sociales no se pueden solucionar con incumplimientos legales", y sostuvo que la gestión municipal ha estado orientada a exigir el cumplimiento de la normativa vigente.
El medio detalló que, ante las preguntas recibidas sobre la actuación de Xavier García Albiol, Feijóo explicó que su compañero de partido llevaba tiempo reclamando la aplicación estricta de la ley en el municipio. Según sus declaraciones, "lo dijo hace mucho tiempo, ha intentado que la ley se cumpla y la ley se está cumpliendo", resumió el líder de la oposición durante su encuentro con la prensa. Feijóo subrayó que en España el Estado de Derecho se aplica a todas las personas, incluidas aquellas que ocupan edificios públicos o privados sin autorización, y advirtió que quienes ocupan inmuebles ilegalmente "tienen que saber que en España se respeta la ley".
El operativo de desalojo, considerado el mayor asentamiento ilegal de inmigrantes de Cataluña, generó críticas por parte de diferentes instancias. Según informó el medio, el Gobierno central, la Generalitat y organizaciones como Cáritas cuestionaron la decisión, ya que no se proporcionó una alternativa habitacional a las personas desalojadas antes de la intervención. La actuación fue motivo de debates públicos sobre la gestión de emergencias sociales y las responsabilidades institucionales en materia de vivienda.
Según reportó el medio, Feijóo defendió que cualquier actuación frente a situaciones de emergencia social debe ajustarse siempre al marco legal. Insistió en que "los problemas sociales se resuelven con políticas sociales y no con decisiones ilegales", reiterando que la legalidad constituye un principio innegociable en cualquier circunstancia. El presidente del PP remarcó que las administraciones son las encargadas de encontrar soluciones sociales ante situaciones problemáticas, pero alertó que la atención a las necesidades sociales no justifica la vulneración de la ley.
Durante la rueda de prensa, Feijóo insistió nuevamente en la corresponsabilidad de las diferentes administraciones públicas para abordar los desafíos habitacionales y sociales. Según publicó el medio, el dirigente popular volvió a incidir en que las competencias están claramente delimitadas y que la respuesta adecuada ante estos retos requiere tanto coordinación como respeto a la distribución legal de funciones entre los distintos niveles de gobierno.
En su intervención, el líder de la oposición reiteró que la gestión legal de los recursos y la actuación escrupulosa dentro del marco normativo deben prevalecer en cualquier respuesta institucional. El medio recogió las declaraciones de Feijóo en las que remarca que "respetar la ley es innegociable" incluso ante situaciones de emergencia social y que la búsqueda de soluciones habitacionales corresponde a las instituciones públicas, ajustándose siempre a la normativa vigente.
La postura expresada por Feijóo en respaldo al alcalde de Badalona y su enfoque en la legalidad como eje rector para abordar problemáticas sociales fue transmitida durante toda la comparecencia, según consignó el medio. El presidente del PP fijó así la posición de su partido ante el caso del desalojo y ante las críticas recibidas por la ausencia de opciones habitacionales previas para las personas afectadas.
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