Albiol dice que se ofreció alternativa habitacional a unos 60 desalojados del B9 sin realojar pero "no les ha gustado"

En las semanas recientes, distintos servicios sociales tanto de la Generalitat de Cataluña como del Ayuntamiento de Badalona identificaron a 55 personas vulnerables entre los cerca de 400 desalojados del antiguo Institut B9, las cuales, según las autoridades, ya cuentan con alojamiento y se encuentran bajo protección institucional. Esta intervención institucional se realizó en medio de una vigilancia específica, como relataron fuentes oficiales, quienes también señalaron que se instaló una carpa en el recinto para prestar atención directa y organizar gestiones a favor de quienes solicitaron ayuda. En este contexto, según indicó Europa Press, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, afirmó públicamente que los desalojados que aún permanecen sin ser realojados han rechazado alternativas de vivienda que les han sido ofrecidas por diversas entidades de la ciudad.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, Albiol defendió en el programa "En boca de todos" de Cuatro que se abordó la situación habitacional de quienes no cuentan con residencia tras el desalojo. El alcalde sostuvo que entre 50 y 60 personas continúan en situación de calle tras abandonar el emblemático inmueble del B9, pese a que, como aseguró, se les brindó acceso a refugios. El líder municipal explicó que "entidades de la ciudad social les han ofrecido una alternativa y no se quieren ir ahí porque dicen que la alternativa no les gusta, porque el espacio que les dan no les gusta". Estas declaraciones se producen tras las críticas y denuncias provenientes de la oposición, que llevó el caso a la Fiscalía bajo acusaciones de delitos de odio y falta de soluciones habitacionales, argumentando un desalojo sin alternativas adecuadas.

El debate en torno al proceso de desalojo ha elevado el tono político en Badalona y ha desencadenado reacciones entre distintos partidos. Según publicó Europa Press, el partido Comuns interpuso una denuncia ante la Fiscalía el miércoles anterior por considerar insuficientes las medidas tomadas y cuestionar el trato recibido por los desalojados. Albiol respondió a estas acusaciones durante su intervención en Cuatro. En sus palabras, remarcó que todas las personas catalogadas como vulnerables tras la actuación conjunta de servicios sociales ya recibieron atención y resguardo, mientras que quienes quedan fuera de estos criterios son los que han rechazado las alternativas propuestas hasta el momento.

La cobertura del proceso de realojo, según el medio Europa Press, resalta la actuación concertada entre administraciones y entidades sociales locales al detectar y asistir a las personas en mayor riesgo. A la vez, detalla que se dispuso una carpa en el propio B9 para facilitar la labor de seguimiento y canalizar peticiones de quienes requerían algún tipo de ayuda. Esta estrategia permitió detectar casos urgentes y poner a disposición de los afectados gestiones para acceder a recursos públicos, aunque la oposición mantiene que no se ha dado una respuesta suficiente a la totalidad del colectivo afectado.

En relación a la fecha en la que se ejecutó el operativo de desalojo, el alcalde justificó la decisión remitiéndose a un mandato judicial. Albiol aseguró que los servicios sociales actuaron "de manera conjunta" con la Generalitat y subrayó que los plazos respondieron a una orden de los juzgados, que marcó quince días para ejecutar el desalojo de acuerdo con lo dictado por el auto. El contexto navideño en el que tuvo lugar la actuación fue uno de los reproches expuestos por la oposición, a lo que el alcalde respondió que no contó con margen para elegir otro momento, según contó Europa Press.

Mientras el ayuntamiento sostiene que los recursos de realojo han estado disponibles por parte de distintas entidades y lamenta la negativa de algunos afectados a aceptarlos, los grupos opositores mantienen su denuncia por falta de soluciones estructurales y por supuestas actitudes discriminatorias en la actuación y las declaraciones posteriores al desalojo. La situación de quienes todavía permanecen sin alojamiento genera un foco de conflicto político y social en Badalona, alentado por la repercusión mediática y la participación de la Fiscalía tras la denuncia presentada.

Europa Press puntualizó que tanto la atención social directa como la oferta de refugios han centrado el discurso institucional en los días posteriores al desalojo. A pesar de la posición del gobierno local, persiste un sector de afectados que, según la oposición y entidades sociales, requiere alternativas habitacionales que resulten aceptables y adecuadas para abandonar la situación de calle.