Durante una reunión pública convocada por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, un grupo de vecinos, algunos de ellos encapuchados, expresó su intención de saltar y quemar un albergue, según el eurodiputado de Comuns Jaume Asens. De acuerdo con el relato ofrecido por Asens ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), recogido por Europa Press, el edil del Partido Popular no emitió ninguna desautorización ante estas manifestaciones y simplemente pidió que le concedieran un margen, añadiendo posteriormente que hicieran lo que consideraran oportuno. Este episodio ha formado parte de la denuncia presentada este miércoles por el partido Comuns ante la Fiscalía, dirigida contra el alcalde por presunta omisión de alternativas habitacionales tras el desalojo del Institut B9, así como por permitir y amparar declaraciones que, a criterio de los denunciantes, podrían incitar al odio.
La acción legal emprendida por Comuns se formalizó el miércoles, según reportó Europa Press, y sostiene que García Albiol habría incumplido de manera reiterada la obligación, dictada por un juez, de proveer una alternativa habitacional a las personas desalojadas del Institut B9 de Badalona. El partido señala que el desalojo se produjo “sin alternativa habitacional”, incumpliendo de nuevo una orden judicial previa, y subraya que el alcalde, en su posición institucional, debía buscar soluciones para evitar situaciones de riesgo social, cosa que según su denuncia no hizo.
En sus declaraciones antes la Fiscalía, tanto Jaume Asens como la diputada de Comuns en el Congreso, Viviane Ogou, reiteraron el motivo de la denuncia destacando dos ejes: la supuesta omisión de la obligación de ofrecer alojamiento alternativo y la tolerancia institucional ante declaraciones que, según palabras del partido, “pueden ser constitutivas de un delito de odio”. En un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press, la formación política declaró: “Se ha acabado tolerar la criminalización, el racismo y la deshumanización de Albiol contra personas vulnerables”.
La denuncia penal no solo se centra en los hechos previos y posteriores al desalojo del edificio ocupado conocido como Institut B9, sino que pone atención en el papel que habría jugado el alcalde durante los encuentros con la ciudadanía. Según relataron desde Comuns y detalló Europa Press, Albiol habría participado activamente de reuniones públicas con los vecinos del barrio, en una de las cuales —la más reciente según lo mencionado por Jaume Asens— varios asistentes manifestaron públicamente intentos de atentar contra un dispositivo de acogida, sin que, según los denunciantes, el alcalde interviniera para frenar esas expresiones ni condenarlas.
Además, según la información aportada por Europa Press, los representantes de Comuns enfatizaron en su denuncia que las acciones y declaraciones del alcalde podrían haber incrementado el clima de tensión social en la ciudad. El partido también indicó que el incumplimiento de las obligaciones judiciales previas agrava la situación de vulnerabilidad de los afectados por el desalojo, en especial tras la inexistencia de alternativas habitacionales.
El procedimiento judicial solicitado por los Comuns exige a la Fiscalía determinar si las conductas del alcalde constituyen una infracción penal relacionada tanto con la omisión de medidas de protección como con la posible incitación al odio. La denuncia se apoya en los hechos acontecidos alrededor del desalojo del Institut B9 y en el contexto generado por posteriores intervenciones públicas del edil. El medio Europa Press informó que el origen del conflicto se sitúa en la falta de ofrecimiento de opciones de alojamiento social, pese a lo que ordenaba una resolución judicial.
En el trasfondo del caso se halla un debate sobre responsabilidad institucional ante situaciones de emergencia social. Según publicó Europa Press, Comuns busca delimitar en sede judicial el alcance de las obligaciones municipales ante intervenciones como la que afectó al Institut B9, así como la responsabilidad de los representantes políticos frente a declaraciones públicas que puedan motivar hostilidad o violencia hacia colectivos vulnerables.
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