La extensión de medidas sociales que evitarán los desalojos de familias vulnerables, junto con la prohibición de cortes de suministros esenciales y el mantenimiento del bono social eléctrico, se aplicará al menos hasta 2026 en todo el país. Tal como reportó EH Bildu en un comunicado reproducido por el medio, este avance se produce tras un largo proceso de diálogo entre el Gobierno central y diversas fuerzas políticas. La noticia principal radica en la prórroga de estos mecanismos de amparo social, que estaban previstos para expirar el 31 de diciembre del presente año, pero que gracias al reciente acuerdo alcanzado, continuarán proporcionando cobertura a miles de hogares españoles.
Según detalló EH Bildu, las familias que enfrenten dificultades económicas y carezcan de alternativa habitacional no podrán ser desalojadas, y tampoco se interrumpirá el suministro de servicios básicos como electricidad, agua o gas en los domicilios de los grupos protegidos. Además, el bono social eléctrico también quedará vigente durante todo 2026, proporcionando apoyo a personas y unidades familiares especialmente expuestas a la precariedad energética. De acuerdo con EH Bildu, este conjunto de medidas conforma lo que ha denominado un "escudo social" que impactará a todas las comunidades autónomas, incluyendo Euskadi y Navarra, además del resto de España.
El medio cita la valoración de la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, quien señaló que el acuerdo alcanzado es el resultado de una labor "discreta y constante" junto con la presión de colectivos sociales. Según sus declaraciones, la renovación del escudo social se percibe como una necesidad urgente en el contexto complejo que enfrentan muchos ciudadanos. Aizpurua subrayó que los tres pilares del acuerdo –la no realización de desalojos sin alternativa, la garantía de suministros esenciales y el acceso al bono social eléctrico– han sido reclamados por mayorías sociales y movimientos ciudadanos en los últimos años.
EH Bildu resaltó, según publicó el comunicado recogido por el medio, que el mantenimiento de estas protecciones básicas asegura "certeza y tranquilidad" a las familias y personas en situación de vulnerabilidad económica. El acuerdo, señalaron desde la formación vasca, responde tanto a una demanda de la sociedad como a una necesidad detectada durante las negociaciones políticas. "Reafirmamos y reiteramos nuevamente nuestro compromiso con hechos", afirmó Aizpurua, al hacer referencia a la voluntad de la organización de mejorar la vida de los trabajadores y la ciudadanía tanto en el País Vasco como en el conjunto del Estado.
La formación soberanista también avanzó que la prórroga de estas políticas no constituye el límite de sus aspiraciones en materia social. EH Bildu anunció que continuará impulsando propuestas y acuerdos destinados a fortalecer los derechos laborales, el acceso a la alimentación y a la vivienda, como parte de lo que definieron como "pilares básicos para avanzar hacia una vida digna". Tal como difundió el medio a partir del comunicado, EH Bildu se comprometió a mantener ese rumbo en lo que resta de legislatura, afirmando que su labor se caracteriza por "poco ruido y mucho trabajo".
El acuerdo será detallado públicamente este lunes en una comparecencia en Bilbao, anunció EH Bildu, donde se explicarán los términos en los que se mantendrán las medidas y el alcance de la protección que continuarán brindando a la población en riesgo de exclusión social. La organización recordó que, sin el acuerdo sellado, las garantías legales frente a desalojos y cortes de suministros esenciales habrían concluido el 31 de diciembre, dejando a numerosas familias expuestas a la inseguridad habitacional y energética.
Finalmente, EH Bildu vinculó este avance a una dinámica de presión social y trabajo parlamentario que ha permitido negociar con el Ejecutivo central la prolongación de unos recursos ampliamente demandados por organizaciones y movimientos sociales durante meses. Varios portavoces insistieron en que la continuidad de este escudo social debe entenderse como respuesta a la situación económica y social en la que se encuentran miles de ciudadanos que dependen de estas garantías para conservar sus viviendas y contar con necesidades básicas cubiertas, según recogió el medio.
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