La JEC abre expediente a Pedro Sánchez por las críticas al PP en su rueda de prensa de balance

El acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC), según informó el medio de referencia, recalca que el presidente Pedro Sánchez tiene la obligación de evitar declaraciones que puedan comprometer la imparcialidad institucional durante el periodo electoral. El organismo arbitral dictaminó que los comentarios realizados por Sánchez superaron los límites de una comparecencia dirigida únicamente a rendir cuentas, incorporando valoraciones críticas sobre miembros destacados de otras formaciones políticas, así como sobre la gestión de gobiernos autonómicos controlados por partidos de la oposición. A raíz de esta evaluación, la JEC resolvió abrir un expediente sancionador contra el presidente, al estimar que habría infringido el deber de neutralidad que recae sobre los poderes públicos en el marco de un proceso electoral.

De acuerdo con lo consignado por la fuente consultada, la actuación de Pedro Sánchez fue denunciada ante la JEC por el Partido Popular (PP), alegando que el jefe del Ejecutivo utilizó una comparecencia institucional, específicamente la rueda de prensa oficial de balance celebrada el 15 de diciembre en el Palacio de la Moncloa, para emitir mensajes políticos de carácter partidista. La convocatoria de esta comparecencia coincidió con la celebración de la campaña electoral en la comunidad autónoma de Extremadura. El PP argumentó ante la Junta Electoral Central que tales expresiones vulneraron los principios de objetividad, transparencia e igualdad entre los actores que concurren a los comicios, en contravención de lo establecido tanto por la legislación electoral vigente como por la doctrina consolidada del propio organismo regulador.

Tras deliberar sobre la denuncia, la JEC comunicó de manera oficial que “las manifestaciones denunciadas podrían entrar dentro del ámbito de aplicación del artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)”, artículo que exige que las intervenciones de los poderes públicos eviten influir en la contienda electoral desde la convocatoria de elecciones hasta su celebración. El medio detalló que, en la valoración del organismo arbitral, Sánchez no se limitó a informar sobre asuntos propios de la rendición de cuentas prevista para ese tipo de comparecencias, sino que fue más allá al formular valoraciones críticas sobre los dirigentes de otras fuerzas políticas y sobre las políticas implementadas por gobiernos autonómicos que se encuentran en manos de la oposición.

El acuerdo de la JEC establece que Sánchez debe abstenerse en lo sucesivo de repetir actuaciones similares, de forma que no se repita ninguna acción que pueda constituir una vulneración del principio de neutralidad institucional durante los periodos electorales, principio que la JEC subraya como esencial para garantizar la equidad del proceso democrático. Según publicó el medio, la resolución adoptada por la Junta Electoral Central tiene carácter firme dentro de la vía administrativa, aunque deja abierta la posibilidad de que el presidente del Gobierno interponga un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses a partir de la notificación formal del acuerdo.

En documentos difundidos tras la reunión del organismo, la JEC remarcó que la legislación electoral impide expresamente a los titulares de cargos públicos emplear medios institucionales para trasladar mensajes que puedan interpretarse como favorables o contrarios a determinadas candidaturas o partidos durante el periodo oficial de campaña. El medio original especificó que, según concluyó la JEC, la comparecencia de Sánchez en Moncloa rebasó el marco permitido por el artículo 50.2 de la LOREG, en la medida en que no se circunscribió exclusivamente a la exposición técnica de datos y hechos de gestión, sino que incluyó un componente de valoración política dirigido a criticar a los adversarios electorales.

El PP, según destacó la información facilitada, había puesto el foco en la utilización de un acto institucional “para la difusión de mensajes políticos de partido”, en palabras incluidas en su denuncia, lo que para la formación denunciada suponía un trato desigual y contrario a lo que exige la normativa electoral. A raíz de las conclusiones de la Junta Electoral Central, la resolución contiene tanto la incoación del expediente sancionador como una advertencia explícita al presidente del Ejecutivo para que durante lo que resta del periodo electoral actúe estrictamente conforme al marco de neutralidad, evitando cualquier tipo de declaración o acción asimilable a la conducta objeto de la denuncia.

El medio consultado reportó que estas decisiones de la JEC, aunque firmes en el ámbito administrativo, pueden verse sometidas a revisión judicial, manteniéndose el plazo de dos meses para que Pedro Sánchez acuda a la jurisdicción contencioso-administrativa si decide impugnar el acuerdo adoptado por el máximo organismo arbitral en materia electoral. La situación se produce en un contexto político marcado por la proximidad de la cita electoral en Extremadura y la tensión entre las principales fuerzas políticas sobre la utilización de los recursos y actos institucionales durante las campañas.

Tanto la motivación de la denuncia, como la fundamentación de la resolución de la Junta, se anclan en la defensa de una competencia procesal que, según la JEC, busca “garantizar que ningún actor institucional aproveche su posición privilegiada para incidir de modo directo o indirecto en la percepción del electorado en pleno proceso de campaña”. La Junta Electoral Central remite a su propia doctrina consolidada, avalada en anteriores procesos electorales, subrayando que las manifestaciones y comparecencias cuyas finalidades traspasan la mera información de gestión pueden suponer una vulneración de la neutralidad exigida por la ley.

Finalmente, la notificación oficial de la resolución, según informó el medio, se realizará de manera inmediata tanto al presidente del Gobierno como a las partes interesadas, cumpliendo los plazos y procedimientos habituales en este tipo de procesos sancionadores administrativos.