Las asociaciones Acogen, Cogen España y ADAP han presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 917/2025, que modifica el Real Decreto 413/2014, al considerar que mantiene una regulación de la prioridad de despacho de la electricidad contraria al reglamento europeo.
La prioridad de despacho determina el orden en que las instalaciones pueden verter electricidad a la red. En España, la normativa vigente sitúa en primer lugar a las tecnologías renovables (solar, eólica, hidráulica, etc.), después a la cogeneración y, a continuación, al resto.
Las citadas asociaciones reclaman que no exista prioridad de despacho para instalaciones renovables y de cogeneración puestas en servicio después del 4 de julio de 2019 y que se garantice la igualdad de trato entre renovables y cogeneración en las plantas anteriores a esa fecha, tal y como recoge el Reglamento (UE) 2019/943.
Las asociaciones denuncian que alrededor de 50.000 MW de potencia renovable instalada, aproximadamente la mitad del parque, disfrutan hoy de una prioridad de despacho que, a su juicio, no les corresponde conforme al derecho comunitario.
Sostienen que este privilegio condiciona la operación del sistema eléctrico y obliga a parar con creciente frecuencia las plantas de cogeneración en episodios de elevada generación renovable, con impacto directo en la producción, la competitividad y la seguridad de industrias químicas, refinerías, papeleras, alimentarias, cerámicas, agrícolas o de tratamiento de residuos.
RIESGOS PARA INDUSTRIA Y SUMINISTRO
Los cogeneradores alertan de que mantener sin cambios desde 2020 la prioridad de despacho renovable como pilar del sistema eléctrico, pese a la nueva normativa europea, es responsabilidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Advierten de que esta situación ya tiene "graves consecuencias" sobre la seguridad de suministro, la competitividad industrial y el desarrollo sostenible del sistema, en un contexto de fuerte expansión renovable y vertidos crecientes de electricidad por falta de demanda y saturación de las redes.
El sector recuerda que la potencia renovable instalada en España ha pasado de 53.200 megavatios (MW) a finales de 2019 a unos 101.000 MW en 2025, lo que supone el 68% de los 148.000 MW del parque total, frente a un consumo medio de 29.000 MW y puntas de 40.000 MW.
El PNIEC 2023-2030 prevé elevar la potencia renovable a 160.000 MW de un total de 214.000 MW en 2030, objetivo que exigiría, según los cogeneradores, un aumento de más del 40% de la demanda eléctrica actual en apenas cinco años.
Javier Rodríguez, director general de Acogen, defiende que "mantener la producción industrial de España y promover el funcionamiento eficiente, seguro y competitivo de las industrias" debería ser "como mínimo, igual de esencial que producir electricidad con fuentes renovables", y considera la adecuación de la prioridad de despacho "un punto imprescindible" para iniciar las reformas necesarias.
Las asociaciones subrayan que la cogeneración, que produce el 6% de la electricidad del país y está presente en unas 600 fábricas calorintensivas, es una tecnología eficiente y gestionable que aporta energía firme y síncrona, pero que se ha visto obligada a parar el equivalente a dos centrales nucleares en los últimos cinco años por la falta de un marco de inversión mediante subastas y los actuales desequilibrios del sistema.
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