La AN pone bajo secreto la información aportada por el PSOE sobre sus pagos en metálico de 2017 a 2024

La documentación presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sobre los pagos realizados en efectivo entre 2017 y 2024 permanecerá bajo reserva por decisión judicial, mientras la Fiscalía Anticorrupción examina el material entregado esta semana. Según informó Europa Press, el magistrado Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha adoptado la medida de secreto sobre estos archivos, que contienen detalles, listados y justificantes de los pagos efectuados a dirigentes, trabajadores y simpatizantes del partido.

Tal como publicó Europa Press, el martes pasado el PSOE entregó un dispositivo de almacenamiento USB al juez Ismael Moreno, incluyendo información detallada sobre cada desembolso en metálico realizado durante ese periodo de siete años. Adicionalmente, el juez ha decidido abrir una pieza separada secreta relacionada con esta documentación y ha remitido la información a la Fiscalía Anticorrupción para que el Ministerio Público valore los hechos y emita el informe oportuno.

Conforme detalló el medio, la apertura del expediente secreto se formalizó a través de dos providencias judiciales y un auto, documentos a los que Europa Press ha tenido acceso. Una de las providencias ordena la creación de la pieza separada secreta y la otra gira instrucciones para trasladar su contenido a la Fiscalía Anticorrupción; el auto decreta formalmente el carácter confidencial del procedimiento. Estas medidas judiciales constituyen los primeros pasos en el marco de la investigación sobre la gestión de fondos y flujos monetarios dentro del PSOE en el intervalo señalado.

El listado y los justificantes que obran en el pen drive abarcan todas las operaciones en efectivo que, según la formación política, corresponden a pagos a diversos integrantes y simpatizantes, así como a empleados del partido. El registro entregado cubre operaciones efectuadas durante siete años, comprendiendo desde 2017 hasta 2024, y pretende aportar transparencia ante los requerimientos judiciales y del Ministerio Público.

El medio Europa Press reportó que Ismael Moreno, como titular del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional, ha dispuesto que toda la información contenida en la nueva pieza secreta quede fuera del acceso público mientras se desarrolla el análisis judicial y de fiscalía. De esta forma, se garantiza la reserva de datos sensibles relativos tanto a las identidades de los beneficiarios como a los montos y los conceptos de los pagos.

Según consignó Europa Press, la remisión de la documentación a la Fiscalía Anticorrupción implica que será este organismo el encargado de evaluar el material para determinar si existen indicios de irregularidad, así como de proponer eventuales medidas procesales adicionales ante el juzgado. Los trabajos del Ministerio Público sobre el análisis del listado y de los justificantes entregados por la formación política podrían prolongarse, de acuerdo con la extensión de la información aportada.

Además de los listados, el soporte electrónico remitido por el PSOE al juzgado integra justificantes de cada desembolso, lo que busca justificar el origen y destino de las cantidades abonadas en efectivo durante el periodo objeto de revisión. El medio indicó que la entrega de estos documentos responde a la solicitud expresa del juzgado en el contexto de una investigación sobre la financiación interna de actividades y posibles responsabilidades asociadas a la gestión de fondos en la organización.

Si bien la documentación ha sido incorporada de manera formal a la causa mediante la apertura de una pieza separada secreta, solo los agentes judiciales directamente implicados y la Fiscalía Anticorrupción tendrán acceso, restringiéndose cualquier consulta externa mientras el expediente conserve ese carácter reservado. Según detalló Europa Press, este tipo de medidas busca proteger el desarrollo adecuado de las investigaciones y evitar la difusión de datos que puedan afectar el curso de la actuación policial y fiscal.

La resolución adoptada por el magistrado Ismael Moreno marca uno de los últimos movimientos en el procedimiento abierto sobre el uso de efectivo dentro del principal partido del Gobierno, situando la siguiente fase en la valoración y gestión del material por parte del Ministerio Público, sin plazos públicos para la emisión de un informe o la posible reanudación de acceso a la documentación de la pieza secreta.