Patronal minera dice que la sentencia absolutoria de Aznalcóllar refuerza la credibilidad

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Sevilla, 5 dic (EFECOM).- La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) celebra la sentencia que refrenda la adjudicación del concurso internacional de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), ya que "refuerza la credibilidad de los procesos de adjudicación y la profesionalidad de quienes los gestionan".

Aminer ha destacado este viernes especialmente que los técnicos de la administración andaluza queden liberados de la presión judicial que han soportado durante más de una década, ya que la resolución judicial absuelve a los dieciséis acusados.

"La sentencia confirma que no existió irregularidad alguna en el concurso, aportando seguridad jurídica y confianza al sector minero", ha valorado la organización empresarial.

Además, la resolución abre la puerta a la continuidad del proyecto minero de Aznalcóllar, con el consiguiente impulso a la creación de empleo y al desarrollo económico y social del territorio y es un "paso es fundamental para garantizar la disponibilidad de minerales estratégicos, esenciales en el marco de la transición energética y digital, y para consolidar una minería moderna y sostenible en Andalucía", ha subrayado Aminer.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a los 16 acusados, entre ellos funcionarios y técnicos de la Administración autonómica, por el supuesto amaño del concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla).

En la sentencia, notificada este viernes a las partes personadas, el tribunal los absuelve de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y medioambiental, malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Asimismo, condena al pago de las costas a las tres acusaciones personadas -Emerita Resources, Ecologistas en Acción y Andalucía Mining- y critica "la injusticia y sinrazón de su posición" y el "perjuicio moral y económico" causado a los investigados. EFECOM