La Audiencia Nacional mantiene en prisión provisional por riesgo de fuga al empresario que dio 100.000 euros a 'Alvise'

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado mantener en prisión provisional a Álvaro Romillo, el empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, por una presunta estafa piramidal cometida con la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC), al entender que existe riesgo de fuga.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal justifica esa decisión aludiendo a la "ingente capacidad económica" de la que dispone en el extranjero, lo que le permitiría vivir "holgadamente" en países en los que evitar las posibles órdenes de busca y captura.

Los magistrados de la Sección Cuarta desestiman el recurso de Romillo , alias 'CryptoSpain', contra la resolución del juez que le investiga, José Luis Calama, dictada el pasado 7 de noviembre, en la que acordó su prisión provisional sin fianza.

La resolución de la Sala de lo Penal señala que durante la investigación se han localizado transferencias por valor de 12.935.000 euros en una cuenta bancaria de Singapur, que recibió más de 29 millones de euros de otra abierta en un Banco de Portugal, que era utilizada presuntamente por el investigado para desviar los fondos recibidos por los inversores.

Desde ella, añade el auto, se desviaron aproximadamente 18 millones de dólares a una cuenta bancaria ubicada en Tailandia.

INMUEBLES Y VEHÍCULOS DE LUJO EN OTROS PAÍSES

A ello se suma, indica el tribunal, que el acusado posee bienes inmuebles, vehículos de lujo y embarcaciones en diferentes países, a lo que se suma la localización de una cuenta en criptomonedas de la que es titular el investigado con más de 7 millones de euros, de los que solo él puede disponer.

"No cabe duda que todo ello son indicios objetivos que incrementan no sólo el riesgo de fuga, sino también la posibilidad de destrucción o de ocultación de pruebas del entramado societario supuestamente formado y creado por el investigado para el desvío de fondos, pues muchas de estas sociedades y las operaciones de desvío y ocultación de fondos se encuentran en el extranjero dispersas en diferentes países", explica la resolución.

En esta línea, los magistrados destacan que es "absolutamente necesario proceder a su localización y bloqueo, y averiguar las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas, medidas que se verían frustradas o, al menos, dificultadas si el investigado se encontrara en libertad".

"Ya que hoy día, con los medios telemáticos podría seguir operando con los fondos depositados en el extranjero y ocultar los canales utilizados para la transferencia de los fondos a terceros países", señalan.

PENAS DE CÁRCEL MUY ELEVADAS

El tribunal también considera que las elevadas penas de los delitos atribuidos al investigado, superiores a 9 años y que podrían llegar hasta los 16 años de prisión, unido a las importantes cantidades de dinero y bienes que posee en el extranjero, "hacen presumir razonablemente el riesgo de fuga para tratar de evitar el cumplimiento en el futuro de una larga pena de prisión".

A ello se añade la posibilidad real de que pudiera tratar de hacer desaparecer los rastros de las operaciones defraudatorias realizadas y evitar la incautación de las ganancias obtenidas con ellas, mediante las que, además, podría disponer de mayores recursos en el extranjero para ocultarse.

Igualmente, apunta el auto, la prisión provisional garantiza la dificultad de hacer desaparecer el patrimonio producto del delito, a fin de posibilitar en la medida de lo posible la reparación a las víctimas.

LA VISTA DE PRISIÓN

Fuentes jurídicas confirmaron a Europa Press que, en la vistilla celebrada este jueves, la fiscal de Anticorrupción Mar Scharfhausen defendió que se mantienen las circunstancias que motivaron su ingreso en prisión: el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

En esa misma vistilla, la acusación popular ejercida por Zaballos Abogados respaldó la petición del Ministerio Público destacando que todavía hay siete millones y medio de euros en criptomonedas a los que tendría acceso Romillo y que todavía no han podido ser recuperados.

En esta línea, fuentes jurídicas señalaron que la acusación popular argumentó que también estaría pendiente la trazabilidad de grandes cantidades de dinero a las que podría acceder 'CryptoSpain' en caso de ser puesto en libertad.

La vista, que comenzó a las 11.00 horas y se extendió media hora, fue fijada por la Sala de lo Penal como respuesta al recurso que presentó el empresario contra su entrada en la cárcel.

UNA "ORGANIZACIÓN CRIMINAL DIRIGIDA" POR ROMILLO

El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza para Romillo un día después de ordenar su detención para "prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia" y "asegurar" su puesta a disposición judicial.

El magistrado apuntó a una "organización criminal creada y dirigida" por Romillo, tras descubrir una cuenta en Singapur con 29 millones de euros vinculada al empresario.

Calama argumentó que existía riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, al tiempo que subrayó que se trata de "hechos que presentan caracteres de delito sancionados con pena superior a dos años de prisión" y con miles de afectados.

En concreto, el juez cifró en 3.062 los inversores perjudicados por la plataforma MIC, de los cuales 2.976 "desembolsaron un total de 185.511.947,76 euros".

Asimismo, el magistrado detalló que el dinero que los inversores ingresaron en las cuentas indicadas en la plataforma MIC "no eran destinadas a las inversiones o compras" de esas criptomonedas, sino "directamente desviadas a otras cuentas del entramado societario" que habría creado Romillo.