AMP-La ley de multirreincidencia de Junts avanza en el Congreso con acuerdos con PSOE y PP y el 'no' de Bildu y Podemos

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha justificado su implicación en la redacción final de la reforma legal destinada a endurecer las penas para delincuentes reincidentes como una respuesta a la inquietud ciudadana observada en diversos municipios de Euskadi. El medio Europa Press indicó que esta modificación ha superado la fase de ponencia en la Comisión de Justicia del Congreso gracias a acuerdos entre Junts, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Partido Popular (PP), aunque encontró la oposición de EH Bildu y Podemos y ciertas reservas en socios como Sumar y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La ley, promovida originalmente por Junts per Catalunya, busca modificar tanto el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reforzar las sanciones aplicables a quienes incurran reiteradamente en delitos como hurtos y fraudes de pequeño monto.

Según detalló Europa Press, el avance parlamentario de la proposición supone un importante paso tras varios meses de dilaciones, provocados por la falta de consenso entre los diferentes aliados del Gobierno que en su momento manifestaron su desacuerdo con el endurecimiento penal propuesto. La comisión, reunida a puerta cerrada, celebró la votación en la que Junts, PSOE y PP pactaron seis enmiendas transaccionales –dos con el PSOE y cuatro con el PP– a fin de desbloquear el proceso. EH Bildu y Podemos mantuvieron su rechazo y formalizaron un voto negativo, mientras Sumar y ERC optaron por reservar su posición definitiva para la deliberación en comisión pública.

De acuerdo con la información de Europa Press, el origen de la propuesta se remonta a marzo del año anterior, cuando Junts presentó la iniciativa condicionada a sus exigencias para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Desde entonces, el proyecto acumuló retrasos, con un periodo de inactividad hasta la ruptura del diálogo entre Junts y el Ejecutivo central, momento que propició la reactivación de la tramitación y abrió la puerta a negociar modificaciones.

La reforma estipula nuevas medidas para sancionar la reincidencia en delitos de bajo impacto económico. Así, el texto prevé que los hurtos cuyo valor no supere los 400 euros sean castigados inicialmente con multas de uno a tres meses. El castigo podrá aumentar a penas de prisión de uno a tres años si el autor ya ha recibido condena firme por al menos otros tres delitos de gravedad menor. Estos agravantes también se extienden a supuestos como el hurto de terminales telefónicos o dispositivos informáticos con datos personales, excluyendo los casos de robos de aparatos nuevos en comercios.

En el ámbito del fraude, el proyecto respaldado por PP, PSOE y PNV introduce previsiones para sancionar la multirreincidencia al detectar estafa cuando el daño económico no rebasa los 400 euros, aplicando la citada multa, pero reservando penas más graves en caso de que el responsable acumule antecedentes penales firmes por delitos similares. El texto determina que, al dictar sentencia, los jueces valorarán factores como el importe defraudado, la magnitud del daño ocasionado, el vínculo entre los implicados y las características del engaño. Se precisa que los antecedentes penales cancelados o sujetos a cancelación quedarán al margen del cálculo para la imposición de estas sanciones.

Entre las últimas modificaciones introducidas, Europa Press informó de la inclusión de la posibilidad de dictar medidas cautelares restrictivas a la libertad de movimiento del sancionado. Esto podrá darse en casos concretos y contemplará desde la prohibición de acceso a determinados barrios, localidades o regiones, hasta la orden de no aproximarse ni contactar con ciertas personas. La capacidad de establecer y graduar estas restricciones recaerá sobre el órgano judicial atendiendo a las particularidades del caso.

Otra novedad resulta de una enmienda consensuada entre PP, PNV y Junts, que incorporó el castigo para la conducta conocida como ‘petaqueo’, relacionada con el apoyo logístico a embarcaciones dedicadas al narcotráfico —actividad que incluye la adquisición, transporte, almacenaje o suministro de combustibles líquidos infringiendo la legislación vigente y con temeridad — imponiendo, según acordaron, una pena de prisión de uno a cinco años.

La postura del PNV fue expuesta por su portavoz, Mikel Legarda, quien subrayó en declaraciones recogidas por Europa Press que el partido vasco respalda la reforma como respuesta a una preocupación existente en la sociedad vasca, aunque defendió la necesidad de afrontar la cuestión sin sobredimensionarla y desde la serenidad. Esta posición coincide en parte con las demandas que Junts y PP plantearon en la negociación y permitió sumar los apoyos necesarios para avanzar hacia la siguiente fase legislativa, pese al desacuerdo explícito manifestado por EH Bildu, Podemos y otras formaciones que forman parte de la coalición que apoya al Gobierno central.

La tramitación, de acuerdo con el calendario legislativo descrito por Europa Press, continuará en las próximas semanas en la Comisión de Justicia. El informe salido de la ponencia será debatido nuevamente en una sesión pública prevista para la semana del 17 de diciembre. Posteriormente, tras la reanudación del período ordinario de actividad parlamentaria en enero o febrero, el dictamen llegará al Pleno del Congreso, donde se decidirá su aprobación final.

De esta forma, la reforma promovida por Junts y respaldada puntualmente por PSOE, PP y PNV avanza en la Cámara Baja pese al rechazo persistente de varios socios que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, consolidando una mayoría alternativa en torno al endurecimiento de las medidas contra la multirreincidencia delictiva.