El PNV y Bildu reclamarán hoy en el Congreso la desclasificación del 'caso Zabalza', 40 años después

Maribel Vaquero, representante del Partido Nacionalista Vasco (PNV), presentó una pregunta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que cuestiona la fecha en la que el Ejecutivo tiene previsto desclasificar los documentos relativos al caso de Mikel Zabalza. Esta iniciativa coincide con el cuadragésimo aniversario de la detención de Zabalza, un conductor de autobús y militante del sindicato ELA, cuyo deceso bajo custodia policial permanece sin esclarecer completamente. Según informó el medio original, el contexto de la petición se enmarca en la sesión de control del Congreso de los Diputados, donde también Jon Iñarritu, portavoz de Justicia de EH Bildu, trasladará al ministro Félix Bolaños la exigencia de clarificar qué medidas adoptará el Ejecutivo para esclarecer casos similares.

De acuerdo con la información publicada, Zabalza fue arrestado el 26 de noviembre de 1985 en San Sebastián durante una operación policial vinculada a actividades antiterroristas y trasladado al cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo. Veinte días después, su cadáver se localizó en el río Bidasoa. Testimonios recabados años después apuntan a que Zabalza habría sido objeto de tortura en el cuartel que culminó con su muerte. El caso ha permanecido rodeado de secretismo oficial durante cuatro décadas, con múltiples solicitudes para que se esclarezcan los hechos y se haga pública la información clasificada sobre lo sucedido.

En marzo de 2024, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, indicó en el Congreso que no procedería la desclasificación de los documentos del caso Zabalza, argumentando que la medida podría comprometer la seguridad nacional. El medio explica que la postura del Gobierno se fundamenta en criterios vigentes en otras democracias europeas, como el auxilio a la autoridad judicial y la protección de secretos cuya revelación podría poner en peligro intereses esenciales del Estado. Bolaños también rechazó la desclasificación de los documentos del denominado “caso Aldana”, relacionado con la explosión en un bar de Alonsotegi (Guipúzcoa) en 1980, en la que murieron cuatro personas y cuya autoría fue asumida por los autodenominados Grupos Armados Españoles (GAE). Este episodio está considerado un precedente de los GAL y de las prácticas conocidas como la “guerra sucia” contra el terrorismo.

Durante ese intercambio parlamentario, Aitor Esteban, portavoz entonces del PNV, expresó su disconformidad ante la negativa del Ejecutivo a desclasificar la información tras cuatro décadas de los hechos. Esteban llegó a preguntar al ministro si el Gobierno se sentía intimidado por algún estamento policial. Bolaños respondió que las decisiones de desclasificación se rigen por “criterios generales” aplicados en democracias occidentales y que su Gobierno facilita la documentación cuando así lo ordena un tribunal, así como cuando, bajo criterio del órgano correspondiente, no se afecta a la seguridad nacional.

El medio original añade que el Gobierno socialista prevé reemplazar la actual legislación sobre secretos oficiales, de origen previo a la Constitución, por una nueva norma denominada Ley de Información Clasificada. Esta propuesta de ley fue trasladada al Congreso en agosto pasado, pero hasta la fecha la Cámara Baja no ha debatido su admisión a trámite. Según consignó el medio, Junts per Catalunya ya ha presentado una enmienda que solicita el retorno del texto legislativo al Ejecutivo. En caso de sumarse los votos de Junts a los del Partido Popular y Vox, la tramitación del nuevo proyecto legal quedaría paralizada.

La persistencia del secreto sobre el caso Zabalza y otros episodios relacionados con violencia durante el final del siglo XX en el País Vasco y Navarra ha generado reiterados reclamos tanto en el ámbito político como en sectores sociales, que consideran necesaria la verdad y la rendición de cuentas para la reparación y la memoria. La sesión de control celebrada hoy en la Cámara Baja, según detalló el medio, se convierte en nuevo escenario para la demanda de transparencia sobre archivos que, pese al transcurso del tiempo, siguen bajo custodia del Estado por motivos de seguridad.

Entre las posibles implicaciones de la negativa del Gobierno destaca el debate sobre cuáles son los límites entre el interés público, la memoria histórica y la protección de la seguridad nacional. Los portavoces nacionalistas sostienen que la información oculta sobre casos de vulneraciones de derechos cometidos en el contexto de operaciones policiales debe hacerse pública, especialmente cuando afecta al esclarecimiento de hechos que han marcado a la sociedad vasca e influyen en la percepción de las instituciones estatales.

Según publicó el medio mencionado, el asunto continuará pendiente del curso legislativo de la nueva ley de secretos, los eventuales cambios de posición de los grupos parlamentarios y las repetidas reclamaciones para que se arroje luz sobre casos como el de Mikel Zabalza, cuyo nombre permanece vinculado a una de las más prolongadas controversias sobre derechos humanos y rendición de cuentas en el último tramo de la historia reciente del país.