El juez Peinado archiva la causa para la alto cargo de Moncloa recién imputada en el 'caso Begoña Gómez'

Durante la audiencia celebrada en los juzgados de Plaza de Castilla, Judit González explicó a la magistratura que la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, no formaba parte de su área de responsabilidad en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Tras su declaración, el magistrado Juan Carlos Peinado determinó archivar la causa penal contra González al considerar que no existían pruebas que justificaran su imputación en el caso, tal como informó Europa Press.

La secretaria general de la Presidencia detalló, ante el Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid, cuáles eran sus funciones dentro del ejecutivo y deslindó cualquier vinculación o mando directo sobre las tareas de la asesora investigada. Europa Press consignó que a partir de las explicaciones presentadas por González, el juez Peinado estimó que su cargo no guardaba relación con los hechos objeto de análisis en el procedimiento y, por tanto, decidió levantar la imputación.

La investigación, iniciada tras varias denuncias y aportaciones documentales, buscaba determinar si González habría incurrido en malversación de fondos públicos en la modalidad de “comisión por omisión”, al supuestamente no impedir que Cristina Álvarez realizara labores de carácter privado para Begoña Gómez mientras formaba parte de la Universidad Complutense de Madrid. González fue la quinta persona en ser investigada formalmente dentro de este procedimiento, que incluye también a Begoña Gómez, la propia Cristina Álvarez, Francisco Martín Aguirre —anterior secretario general de la Presidencia— y el empresario Juan Carlos Barrabés.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la declaración de González, inicialmente programada para el 12 de noviembre, fue adelantada por un conflicto de agenda de uno de los abogados. Esto motivó que la comparecencia se desarrollara un domingo y en la sala quinta del citado complejo judicial, tras la reasignación de la guardia al titular del Juzgado de Instrucción Número 14.

Durante la comparecencia, la secretaria general de la Presidencia respondió a las preguntas formuladas tanto por el juez instructor, como por su abogado defensor y otros letrados presentes. Según reportó Europa Press, únicamente el defensor de Cristina Álvarez realizó preguntas a González. En su contestación, González insistió en que Cristina Álvarez no dependía directamente de ella dentro de la estructura administrativa, cuestión que resultó decisiva para el archivo de la causa a su nombre.

El foco principal de esta línea del caso, conocido mediáticamente como “caso Begoña Gómez”, reside en esclarecer las condiciones de contratación de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa y determinar si efectuó tareas privadas para la esposa del presidente en el marco de su relación con la Universidad Complutense de Madrid. Europa Press relató que, posteriormente a la declaración de González, el juez instructor concluyó que no había sustento suficiente para mantener la imputación contra ella.

En paralelo a la intervención de González, diversos testigos vinculados al caso comparecieron ante la autoridad judicial. Las comparecencias incluyeron la del presidente del Instituto de Empresa (IE), Diego de Alcázar, quien confirmó ante la acusación popular —ejercida por la organización Hazte Oír— que desde la institución no se enviaron comunicaciones a Cristina Álvarez durante el periodo en que Begoña Gómez ocupaba la dirección del África Center. De Alcázar subrayó que ya había declarado sobre este punto el año anterior y defendió que la contratación de Begoña Gómez obedeció a la evaluación de su currículo.

El instructor no permitió que la acusación insistiera en la justificación del nombramiento de Gómez, recordando que esta cuestión ya había quedado aclarada. Además de De Alcázar, fueron llamados a declarar en calidad de testigos Miguel Escassi, encargado de relaciones institucionales y políticas públicas de Google, y Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid. Estas intervenciones, reportó Europa Press, se enmarcan en la investigación global sobre el uso de fondos públicos y los procedimientos internos de selección y desempeño de asesores en la estructura administrativa vinculada a la Presidencia.

La instrucción judicial ha avanzado en distintas líneas para analizar posibles irregularidades en la gestión y designación de personal vinculado a la esfera gubernamental. El reemplazo de Francisco Martín Aguirre por Judit González en la Secretaría General de la Presidencia, ocurrido en marzo de 2023, marcó un cambio en la responsabilidad de ese departamento. Según detalló Europa Press, tanto Aguirre como el empresario Juan Carlos Barrabés permanecen sujetos a la investigación sobre la designación de asesores y el posible desvío de recursos públicos.

La resolución que deja sin efecto la imputación contra González se adoptó después del análisis de su relación jerárquica con los hechos investigados y tras escuchar los testimonios de los distintos intervinientes, incluidos altos cargos y representantes de instituciones académicas y empresariales. Según indicó Europa Press, la investigación mantiene abiertas otras líneas para continuar esclareciendo la actuación de las personas restantes señaladas en el sumario y la gestión de recursos dentro del ámbito público asociado a la Presidencia del Gobierno y sus entidades dependientes.