El Gobierno de España ha instado a "adoptar las medidas oportunas" para hacer cumplir el dictamen consultivo emitido este miércoles por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la obligatoriedad de Israel de proporcionar ayuda humanitaria a la población palestina en la Franja de Gaza, donde más de 68.200 personas han fallecido en más de dos años de ofensiva israelí contra el enclave.
El Ministerio de Exteriores, que ha aplaudido la decisión del principal órgano judicial de Naciones Unidas en respuesta a una consulta formulada por la Asamblea General, ha pedido a la comunidad internacional que tome "en consideración las conclusiones del dictamen" y adopte "las medidas oportunas al respecto", según reza un comunicado.
La cartera ministerial ha enfatizado que el tribunal haya incluido "importantes pronunciamientos" sobre las obligaciones de Israel como Estado miembro de la ONU y como potencia ocupantes, como el deber de "cooperar plenamente con la organización (internacional) y de respetar sus privilegios e inmunidades".
A su vez, la CIJ ha recordado las obligaciones de Israel en virtud del Derecho Internacional Humanitario, que incluyen garantizar la ayuda humanitaria, facilitar las operaciones de Naciones Unidas, en particular la UNRWA, la protección del personal humanitario y médico, respetar la prohibición del uso de hambre como arma de guerra y la prohibición de desplazamientos forzosos de población.
También ha destacado que España ha participado en las fases escrita y oral de este procedimiento consultivo, en el que ha defendido la necesidad de respetar la Carta de Naciones Unidas, que incluye la obligación de cooperar con la ONU, incluida la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), y de respetar el Derecho Internacional para facilitar la ayuda humanitaria en el territorio palestino ocupado.
El tribunal ha indicado que Israel, como potencia ocupante, "tiene la obligación" de "acceder y facilitar" la distribución de ayuda a la población de la Franja de Gaza y ha apuntado a una falta de "pruebas" que respalden las acusaciones israelíes sobre vínculos entre la UNRWA y la milicia.
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