Vox ha registrado este martes en el Congreso una serie de preguntas al Gobierno para reclamar explicaciones sobre la presunta financiación irregular del PSOE mediante la 'trama Koldo', después de las informaciones que apuntan a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga estas contribuciones, supuestamente a través del pago de nóminas.
En concreto, los de Santiago Abascal se hacen eco de las informaciones de medios de comunicación sobre que el exasesor ministerial Koldo García y su familia recibieron pagos de empresas vinculadas a adjudicaciones amañadas de obras públicas. Parte de esos fondos habrían sido destinados al PSOE, incluyendo una nómina de 2.600 euros mensuales para García y pagos a su esposa, Patricia Uriz.
Vox quiere una confirmación de si García y miembros del PSOE recibieron pagos ilegales y saber qué grado de conocimiento tiene el Gobierno de los presuntos pagos ilegales realizados a Koldo García y su familia. De saberlo, preguntan qué medidas ha adoptado o tiene previsto adoptar al respecto.
Asimismo se interesa por las medidas del Ejecutivo respecto a la presunta implicación de empresas que reciben adjudicaciones públicas amañadas y "han realizado pagos ilegales para la financiación ilegal del PSOE" y si está tomando medidas contra los responsables de crear circuitos de financiación a través de nóminas falsas o pagos simulados.
OTRAS PREGUNTAS SOBRE CORRUPCIÓN
Vox continúa con la corrupción y apunta al informe de la Comisión Europea que revela que el 87% de los españoles considera que la corrupción está muy extendida y el 53% considera que la corrupción es un problema a la hora de hacer negocios.
Así, en las preguntas dirigidas al Gobierno, recogidas por Europa Press, se interesa por las medidas concretas que va a promover el Gobierno para abordar "las críticas" de la UE sobre el "aumento significativo" de la corrupción y qué comunicaciones y propuesta de mejora ha recibido el Gobierno por parte de la UE sobre este asunto.
En relación con las reformas orientadas a la independencia judicial y la separación del Fiscal General del Estado del Ejecutivo exigidas por la UE y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), los de Santiago Abascal quieren saber qué intención tiene el Gobierno de impulsarlas y, si es favorable, cuáles serán.
Por último, Vox se interesa por una licitación anunciada por el Gobierno por un valor estimado de 682.000 euros para contratar un "servicio de adecaución de los espacios donde tienen lugar los actos públicos de la Presidencia, Vicepresidencias y la POrtavocía del Gobierno (...) en el Complejo de la Moncloa o en el resto del territorio nacional".
El contrato "comprende el diseño, creación, adecuación, alquiler e instalación de materiales con una identidad gráfica y estilo homogéneo, tales como traseras, vinilos, moquetas, tarimas o mobiliario, sin que la Secretaría de Estado de Comunicación adquiera estos materiales, y se incluye, asimismo, el traslado, montaje y desmontaje de dichos materiales al espacio objeto de adecuación para la celebración del acto público.
Vox pregunta al Ejecutivo si esta contratación contribuye a mejorar su imagen ante los numerosos casos de corrupción y el motivo de anunciarla "precisamente cuando está ahogado en la corrupción". En esta línea, quiere saber qué actos públicos se beneficiarán de estos servicios y qué necesidades concretas, más allá de las expuestas en la memoria justificativa, dan razón de la "necesidad e idoneidad" de la licitación.
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