València, 23 may (EFE).- El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha visitado este viernes el barrio del Cabanyal de València para conocer "de primera mano" la situación que se está viviendo en muchos barrios y ciudades de España convertidos en "parques temáticos" por la proliferación de apartamentos turísticos.
Bustinduy, que ha hecho un recorrido por el barrio junto a la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, y representantes vecinales, ha lamentado que familias, trabajadores y estudiantes se estén viendo "expulsados" de sus barrios, con una "dejación de funciones" de las Administraciones que no toman medidas.
El ministro ha indicado que su departamento tiene competencias "limitadas", pero ha demostrado que es posible exigir que se cumpla la legalidad, al ordenar el bloqueo de 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en toda España, y ha lamentado que se haya consentido la situación "de descontrol y caos" con estos pisos.
"Basta ya de proteger a quienes hacen negocio con el derecho a la vivienda", ha aseverado Bustinduy, quien ha reclamado a las Administraciones autonómicas y municipales que ejerzan sus competencias para acabar con una crisis de la vivienda que "está asfixiando a las familias trabajadoras".
Así, les ha reclamado que sancionen a las empresas responsables de la oferta ilegal de pisos turísticos, que atiendan a las demandas de la sociedad civil y que apliquen la ley de vivienda en esta ciudad, donde los precios de los alquileres abusivos "podrían bajarse mañana mismo" con "voluntad política".
"Le pido a la alcaldía (de València) y a la Generalitat que apliquen la ley de vivienda para topar los precios de los alquileres abusivos que están dificultando el acceso a la vivienda de la población trabajadora", ha insistido el ministro, para quien "se ha mirado hacia otra parte durante demasiado tiempo".
En su opinión, es "intolerable que haya proliferado un sector económico en el que unas pocas grandes empresas obtienen unos beneficios y un lucro completamente obsceno a costa del derecho de la ciudadanía y sin respetar la normativa", y ha defendido que "lo mínimo es que se respeten las leyes que están en vigor".
Según ha señalado, más de la mitad de los pisos turísticos que se ofertan en grandes plataformas en la Comunidad Valenciana "son irregulares", pues no cumplen con los requisitos de la normativa autonómica.
Por su parte, Papi Robles ha señalado que han traslado al Ministerio más de 4.000 denuncias de apartamentos ilegales en la ciudad de València y ha instado a la alcaldesa, María José Catalá, a topar el precio del alquiler, ponerle freno a "la invasión" de apartamentos turísticos y ser "contundente" con las actividades ilegales.
El presidente de la asociación vecinal de Cabanyal-Canyamelar, Daniel Adell, ha afirmado que han recibido amenazas por comunicar al Ayuntamiento la existencia de 350 apartamentos turísticos ilegales en el barrio y ha reclamado que la gente del barrio pueda vivir en él.
Según los datos del INE aportados por la asociación, el barrio ha pasado de tener en 2023 un total de 554 apartamentos turísticos, el 5,15 % del total de las viviendas, a 729 en 2024, un 6,79 %. EFE
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