Barcelona, 9 abr. (EFECOM).- Las principales organizaciones del sector inmobiliario en Cataluña y la patronal Foment han advertido este miércoles sobre el "grave impacto" que tendría aplicar controles de precio a los alquileres temporales.
El Govern ha alcanzado con sus socios de investidura, ERC y Comuns, y con la CUP, un acuerdo que permitirá tramitar un proyecto de ley para regular el alquiler de temporada y por habitaciones.
El texto acordado restringe el alquiler temporal a arrendamientos que se destinen a uso turístico o recreativo, y quedan fuera aquellos destinados a vivienda no habitual por motivos laborales, estudio y cuestiones médicas, que estarán sujetos a partir de ahora al control de precios.
Cualquier alquiler "destinado a la satisfacción de la necesidad de vivienda" será considerado "permanente".
Foment del Treball, la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC), el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CAFBL), el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona (COAPI) y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona han expresado su preocupación ante el anuncio.
La medida, de llevarse a cabo, "supondría una grave distorsión del marco jurídico actual y afectaría negativamente a un segmento del mercado que es esencial para la movilidad laboral, académica y social en Cataluña", han señalado en un comunicado conjunto.
Los arrendamientos temporales "responden a causas objetivas y finalidades muy concretas: alojar temporalmente a profesionales desplazados, estudiantes, investigadores, personas en transición residencial o en movilidad internacional", señalan.
Ese tipo de alquileres, que habitualmente no superan los doce meses de duración, no constituyen una alternativa a la vivienda habitual, sino un complemento imprescindible para una sociedad dinámica y abierta, sostienen las entidades firmantes.
El control propuesto supondría "una extralimitación jurídica y una decisión contraproducente desde el punto de vista económico y social", consideran.
Aplicarles el tratamiento legal acordado "no sólo generaría inseguridad jurídica, sino que comprometería la existencia misma de este tipo de oferta en Cataluña", agregan.
Piden en cambio "políticas de vivienda realmente efectivas, que incentiven el incremento de la oferta de vivienda en lugar de penalizar al sector que tiene la capacidad productiva para proveer las viviendas que Cataluña necesita". EFECOM
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