Cáceres, 2 abr (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que, en un contexto en el que “se debate de forma obsesiva” sobre los “desafíos y las amenazas a la seguridad que tiene Europa”, la “principal amenaza a la seguridad de las democracias europeas es la pobreza y es la desigualdad”.
"Proteger las democracias europeas es defender unas fronteras y un territorio, por supuesto, pero también defender un modelo social", ha reiterado.
Así lo ha manifestado el ministro durante su intervención este miércoles en el XVIII encuentro estatal de participación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), que se desarrolla en Cáceres.
Bustinduy ha asegurado que lo que ha “estabilizado las sociedades europeas” y lo que ha permitido que “hayamos vivido décadas en paz”, así como "el desarrollo, el progreso, la mejora de las condiciones de vida, con todos los déficits y las desigualdades que hay, ha sido la adopción del Estado de bienestar”.
Por ello, uno de los “principales intereses que tienen los adversarios de Europa es debilitar a las democracias europeas desde dentro”, ha subrayado a la vez que ha señalado a quienes “amparan el racismo, el machismo y la aporofobia”.
El ministro ha insistido en que hay una “tendencia instintiva” en señalar que “Europa necesita protegerse, que necesita más armas, con lo cual para pagar más armas hay que recortar el gasto social, que es profundamente falso y peligroso”.
Así, ha apelado a que “Europa necesita más cohesión social, más Estado del bienestar; no menos”.
En su opinión, para defender el modelo social, hay que mejorarlo, por lo que resulta “intolerable que en Europa, a día de hoy, haya cientos de millones de personas que viven en exclusión social o en la pobreza”.
"La única manera de construir una Europa segura y autónoma es avanzar en una agenda social ambiciosa”, ha apuntado a la vez que ha abogado por redistribuir la riqueza y garantizar unas condiciones mínimas de bienestar y de dignidad de manera universal a toda su población.
Aunque ha reconocido que “esto es más fácil de decir que de hacer”, ya que cuesta mucho y ha apelado al empuje de la sociedad civil.
Además, también se ha referido a que “si España tiene una deuda pendiente es con las familias”, específicamente en materia de conciliación, dado que esas necesidades han quedado sistemáticamente relegadas frente a otras prioridades relacionadas con la actividad económica y las necesidades de las empresas.
Así, se ha referido a la adopción de una prestación universal por crianza en España, medida en la que trabaja su Ministerio, para todas las familias con hijos a cargo hasta los 18 años, que “sería la manera más eficaz de paliar el problema de pobreza infantil; pero también de redistribuir el tiempo”, en referencia a la conciliación. EFE
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