Madrid, 26 feb (EFE).- El portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel García, ha incidido este miércoles en que la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior deberían haber garantizado la seguridad de la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador el pasado lunes a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla.
En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, García ha dicho que la pareja de la presidenta madrileña, tiene derecho a poder moverse "con seguridad, con tranquilidad, en cualquier calle y en cualquier circunstancia", algo que ha considerado que no sucedió cuando fue abordado por los periodistas y recibió un golpe por un operador de cámara de televisión.
González Amador acudió el pasado lunes a los juzgados de Plaza de Castilla tras ser citado a declarar en la causa en la que se le investiga por dos presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental.
La presidenta madrileña recriminó a la Delegación del Gobierno que no habilitara un dispositivo ante la citación de su novio, que se acogió a su derecho a no declarar ante la jueza, y consideró que, por ello, fue "agredido" por un cámara.
Según el portavoz del Ejecutivo autonómico, Delegación del Gobierno y Ministerio del Interior deberían haber garantizado su seguridad a la salida de los juzgados, y ha añadido que González Amador tiene también derecho a poder defenderse, como a que "no utilicen sus datos privados", como ha sucedido con la filtración sobre su pacto con la Fiscalía en el que reconocía la comisión de los delitos de fraude fiscal.
También se ha referido al nuevo auto del juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que ha rechazado el recurso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra su citación como investigado y ha recalcado que, en el momento actual de la investigación, los indicios apuntan a que pudo ser él quien filtrase el correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, ha continuado el portavoz.
"Eso es lo que es muy grave, porque ningún ciudadano se llame Alberto González Amador, sea pareja de quien sea, tiene que tener, tiene el derecho a que sus datos privados sean aireados, sean conocidos por terceros", ha censurado.
En esta línea, ha incidido en que "la Administración General del Estado, el fiscal General del Estado, los Gobiernos tanto estatal como autonómico", tienen "el deber" de proteger esos datos, pero García Ortiz los "ha filtrado" pese a que afectan a su ámbito personal.
"No sabemos a las órdenes de quién, aunque lo podemos intuir", ha deslizado el portavoz del Gobierno regional, y ha recalcado que el fiscal general está imputado y "al borde del banquillo" por "saltarse la ley que juró proteger". EFE
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