Madrid, 20 feb (EFE).- El PSOE y el PP se han acusado mutuamente este jueves, en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado, de no atajar la actual crisis de la vivienda, respectivamente, ni desde los gobiernos autonómicos ni desde el Estado.
El portavoz del PSOE de Vivienda, Javier Izquierdo, que ha defendido una moción sobre la rehabilitación de viviendas finalmente rechazada por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, ha señalado a los gobiernos autonómicos del PP en Madrid y Andalucía por dejar sin ejecutar más de 2.000 millones de euros que estaban presupuestados en materia de vivienda.
En concreto, ha dicho, Andalucía ha dejado sin ejecutar 730 millones de euros en cuatro años, un 47 % de lo presupuestado, y Madrid otros 1.324 millones, el 73 % de lo presupuestado.
Izquierdo ha calificado esta situación de "inadmisible" y ha acusado al PP de favorecer que "el mercado campe a sus anchas", "primar la especulación" y "favorecer la burbuja inmobiliaria", además de ser "negacionistas de los datos y de la realidad de las políticas de vivienda".
Mientras el representante socialista ha subrayado el compromiso del Gobierno con la vivienda asequible y con la rehabilitación, el senador del PP Leopoldo Sierra ha dicho que el PSOE lleva "desde 2018, siete años, sin hacer nada por resolver" el problema del acceso a la vivienda.
Ha señalado que en 2018, "con medidas liberales y sin intervencionismo", el CIS decía que la vivienda preocupaba al 1 % de los encuestados y que en la actualidad, con "intervencionismo", preocupa al 22,3 % y se ha preguntado "dónde están las 184.000 nuevas viviendas prometidas a bombo y platillo".
"Palabras, palabras y más palabras, bonitas pero huecas", ha dicho el parlamentario del PP en referencia al "plan de rehabilitación, renovación del parque de viviendas y edificios y plan de acción en pueblos y ciudades" impulsados desde el Gobierno.
Como soluciones, ha mencionado dar seguridad jurídica para incrementar la oferta de vivienda en alquiler, garantizar el desalojo de "okupas" en 48 horas y endurecer las penas, avalar a los jóvenes, establecer deducciones fiscales y construir más, lo que de paso generaría actividad económica y crearía empleo. EFE
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