Lisboa, 17 ene (EFECOM).- Las nuevas viviendas que se construyan en Portugal bajo el abrigo de la nueva ley de suelos, que aún no ha entrado en vigor, tendrán un precio el 20 % más bajo, ha dicho este viernes a EFE una portavoz del Ministerio de Cohesión Territorial.
"No es que el Ejecutivo vaya a fijar el precio de las casas, sino que va a imponer un límite", ha aclarado la fuente, en respuesta a las críticas por parte de la izquierda contra el Gobierno del primer ministro conservador, Luís Montenegro, al considerar que la nueva normativa va a incrementar la carestía de la vivienda.
La portavoz ha subrayado que, con esta legislación, va a aumentar la oferta de suelo para construir, "una medida necesaria para que los precios bajen", al tiempo que el Ejecutivo va a establecer un tope máximo al precio de venta de las casas que sean edificadas.
El pasado 28 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó "una alteración del Régimen Jurídico de los Instrumentos de Gestión Territorial" para permitir el incremento de la oferta de suelos destinados a la construcción de casas, "en respuesta a la creciente necesidad de vivienda digna y accesible".
Con esta modificación, el Gobierno asegura que quiere garantizar un sistema especial de recalificación de suelo urbano para que la mayor parte de su superficie sea destinada a vivienda pública o de precio moderado.
En un comunicado en noviembre, el Ejecutivo explicó que con la creación del concepto 'vivienda de valor moderado' pretende facilitar el acceso de la clase media y señaló que se trata de un régimen "excepcional" aplicable "por deliberación de los órganos municipales", que no cubre zonas sensibles desde el punto de vista agrícola o de conservación de la naturaleza.
Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros, el decreto ley fue publicado en el Diario de la República (boletín oficial luso) el 30 de diciembre pasado y todavía no ha entrado en vigor.
En el texto se permite a los ayuntamientos liberar terrenos rústicos para la creación de vivienda a precio moderado.
Está previsto que el próximo 24 de enero la normativa sea sometida a 'apreciación parlamentaria', un instrumento legislativo por el que los diputados puede detener la entrada en vigor o modificar el decreto ley en los treinta días posteriores a su publicación en el boletín. EFECOM
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