Madrid, 15 oct (EFE).- La ejecución de la sanción propuesta al Atlético de Madrid, de cierre total de su estadio dos semanas y una multa de 65.000 euros, por los incidentes del derbi de la octava jornada de Liga, dependerá del expediente que debe abrir ahora la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
La propuesta de Antiviolencia será trasladada ahora a este órgano para la incoación del expediente, tras lo que se concederá al club un plazo para presentar las alegaciones que considere oportunas.
Una vez remitidas estas y analizadas, será la propia Secretaría de Estado la que dictará la resolución, que el club podrá recurrir por la vía administrativa.
La Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte dicta (artículo 28.2) que cuando la competencia sancionadora corresponda a la Administración General del Estado, la imposición de sanciones se realizará, en función de la cuantía, por la Delegación del Gobierno, la Secretaría de Estado de Seguridad, el Ministerio del Interior o el Consejo de Ministros.
Será la Delegación del Gobierno cuando la cuantía sea desde 150 euros hasta 60.000€; y la Secretaría de Estado de Seguridad cuando sea desde 60.000,01€ hasta 180.000€ como es el caso del Atlético de Madrid.
Corresponderá al Ministerio del Interior cuando sea desde 180.000,01€ hasta 360.000€ y al Consejo de Ministros en casos de sanciones desde 360.000,01€ hasta 650.000€.
Dentro de sus competencias, que no incluyen la disciplina deportiva, Antiviolencia acordó por unanimidad este martes proponer la sanción de clausura total del estadio por un periodo de dos semanas y una multa al club de 65.000 euros, ante la gravedad de los hechos, las infracciones cometidas y los antecedentes existentes.
La Comisión incluye en los hechos propuestos para sanción los protagonizados por un grupo violento de aficionados situados en el fondo sur bajo del estadio, que previamente ya habían cometido infracciones tipificadas en la Ley 19/2007, circunstancia comunicada y conocida por el club.
En su resolución añade que "los hechos se subsumen en los tipos infractores relativos a las graves deficiencias en las medidas de control de acceso y permaencia de espectadores y y el apoyo y promoción del grupo radical y/o violento anteriormente señalado".
El derbi Atlético-Real Madrid (1-1), jugado el 29 de septiembre, se suspendió en el minuto 69, durante 17 minutos tras el lanzamiento al césped de tres mecheros y una botella de agua en la zona donde se encontraba el portero del Real Madrid, el belga Thibaut Courtois -exjugador atlético- y después de la celebración por su parte del gol de su equipo, que supuso en 0-1.
El acta del árbitro Mateo Busquets Ferrer reflejó que tras el gol del Real Madrid, en el minuto 64, se lanzaron varios objetos -tres mecheros y una botella de agua, a dicha zona, sin que impactaran en el guardameta, por lo que activó el protocolo ante esta situación para emitir por megafonía de un mensaje para que cesaran los lanzamientos.
Ante la repetición de estos el aviso se emitió de nuevo en el minuto 65 y dos minutos después, "ante la continua repetición de lanzamiento de objetos", procedió a la suspensión temporal del partido y ordenó la retirada de los equipos a los vestuarios.
Antes, el capitán del atlético, Koke Resurrección, fue el primero que acudió al fondo a pedir que remitiese el lanzamiento de objetos y posteriormente lo hicieron José María Giménez y el técnico Diego Simeone.
Al día siguiente Antiviolencia condenó los hechos y ya anunció la adopción de severas propuestas de sanción para depurar responsabilidades.
Al inicio de esta temporada, el pasado 17 de septiembre, ya propuso una sanción muy grave de 60.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de dos años a un aficionado identificado como autor de la difusión reiterada de numerosos insultos de carácter racista e imágenes del mismo cariz contra el jugador del Real Madrid Vinicius Jr a través de su perfil en la red social X.
También acordó remitir los hechos a la Fiscalía por si fuesen constitutivos de un delito de odio. EFE
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