PP quiere que todos los empleados públicos de las prisiones sean agentes de la autoridad

Madrid, 26 sep (EFE).- Los grupos parlamentarios han presentado 18 enmiendas al proyecto de reforma de la Ley Penitenciaria, cuyo objetivo es reconocer a los funcionarios de prisiones el carácter de agentes de la autoridad, y entre ellas una del PP en la que se `pide extender esta consideración a todos los empleados públicos de las cárceles.

En la enmienda de los populares, a la que ha tenido acceso EFE, se justifica esa ampliación en que tanto los funcionarios como el personal laboral y eventual y los interinos "están expuestos a conductas violentas de la población reclusa".

Y pone como ejemplo el suceso del pasado mes de marzo en la prisión de Mas d'Enric (Tarragona), cuando una cocinera fue asesinada por un recluso que luego se suicidó.

Frente a esta propuesta, una enmienda del BNG quiere que se suprime del texto la consideración de agentes de la autoridad de los funcionarios.

Mientras que los socialistas, impulsores de la iniciativa, no han presentado ninguna enmienda, Sumar ha registrado diez, muchas de ellas encaminadas a combatir la discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, y a garantizar un trato de respeto hacia los presos.

Asimismo, para la reinserción de los internos Sumar reclama que haya al menos una unidad psiquiátrica en cada centro penitenciario.

También solicita que en cada prisión haya un profesional de la medicina general, otro de psiquiatría y otro de psicología clínica, "garantizándose el tratamiento psiquiátrico de todos los internos e internas que requieran", y prestando "una atención especial a la prevención del suicidio".

Otra de las enmiendas de Sumar considera que debe proporcionarse a los funcionarios formación continua para mejorar sus habilidades en el manejo de situaciones de alto riesgo "sin el uso de fuerza innecesaria".

Una formación que incluya formas de "evitar las crisis y calmar la tensión y en el uso de métodos seguros de control, contención y desescalada y comunicación verbal".

Sumar quiere también que en un plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la reforma se lleve a cabo las previsiones legales y se transfiera la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas.

Vox, por su parte, ha presentado una enmienda para la creación de una Academia Nacional de Estudios Penitenciarios "al objeto de que se le brinde al personal perteneciente a instituciones penitenciarias la formación específica necesaria para el desarrollo de sus funciones". EFE

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