2.085 migrantes ingresaron en CIE en 2023, la mayoría con indicadores de arraigo en España

Madrid, 10 jun (EFE).- Un total de 2.085 personas ingresaron en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en 2023 y la mayoría de ellas presentaban indicadores de arraigo en España: llevaban años en el país, habían crecido aquí, tenían familiares próximos con nacionalidad española o incluso tenían ciudadanía de la UE.

Es uno de los datos del informe 'Internamiento Muteado', presentado este lunes por el Servicio Jesuíta a Migrantes (SJM), que analiza los datos obtenidos de la Dirección General de la Policía acerca de estos centros, en los que ingresan migrantes que están pendientes de que se ejecute una orden de expulsión a su país de origen.

El año pasado fueron internadas 2.085 personas, de las cuales 64 eran mujeres -una de ellas identificada como víctima de trata y puesta en libertad- y, una vez fueron practicadas 10 pruebas de determinación de la edad, dos fueron identificados como menores.

Del total, 877 solicitaron protección internacional, una figura a la que recurren las personas que no pueden volver a su país por temor a ser perseguidos por motivos de raza, religión, opiniones políticas, orientación sexual y otros, o porque, de hacerlo, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir daños graves.

Una de las conclusiones del informe, en este caso extraída de la observación directa a través de la visita del SJM y otras entidades a los CIE, es que la mayoría de las personas internadas "presentaban trayectorias de arraigo", que se ven "truncadas" por el internamiento.

"Bastantes" llevaban años en España, algunas habían crecido en este país y "temían ser expulsados de un país del que tenían poco más que un pasaporte", otras tenían familiares próximos con nacionalidad española.

Sobre estos perfiles, la voluntaria del equipo de visita al CIE de Pueblos Unidos Paloma Aguilera ha relatado este lunes los casos de internos que llevaban más de 20 años en España trabajando sin contrato, por lo que no habían podido acceder a la regularización por arraigo, o que no habían podido renovar su permiso de residencia tras perder su trabajo en la pandemia.

Además, el informe subraya la presencia en los CIE de 77 personas con ciudadanía de la UE -de nacionalidad búlgara, croata y rumana- y se hace eco de la división de opiniones entre diferentes jueces y tribunales acerca de la legalidad de este internamiento cautelar en el caso de ciudadanos europeos.

En una entrevista con EFE, Josep Buades, director de la Asociación Claver y uno de los autores del informe, ha insistido en la necesidad del cierre de estos centros, de los que el 55 % de los internos fue expulsado el pasado año, ya que infligen un "injusto sufrimiento" a quienes pasan por ellos.

Desde su punto de vista, España "mutea" o silencia la realidad de los CIE, que mantiene abiertos con una actividad que registra el umbral más bajo de los últimos diez años por "cosmética política", para dar sensación de seguridad a la población, a la UE y a otros Estados.

Advierte de que el ambiente entre los internos es cada vez "más hostil" al contar la mayoría de ellos con antecedentes penales o policiales, de ahí que el estudio recalque la necesidad de extremar la protección de los internos, investigar las agresiones que se denuncian y exigir al Ministerio del Interior que "armonice", como ha recomendado el Defensor del Pueblo, las normas de régimen interior y los usos de todos los CIE, ya que "son un reino de taifas".

En 2023 estuvieron activos los CIE de Barcelona (527 internos), Valencia (499), Murcia (459), Algeciras(302), Las Palmas (181) y el de Madrid (53) solo la segunda quincena de diciembre, una vez finalizadas las obras de reforma. La duración media del internamiento fue de, aproximadamente, un mes.

Sobre las causas de ingreso, el 71,4 % de las personas tenían una orden de expulsión -la mayoría por mera estancia irregular (1.210)- y el 26,7 % tenía un acuerdo de devolución, la gran parte por entrada irregular en patera.

En cuanto a las salidas, un 54,8 % fueron por ejecución de la repatriación forzosa (1.120), el 42,6 % por libertad (870), y el 2,6 % por otras causas (53).

La Dirección General de la Policía también ha remitido al SJM los datos de repatriaciones forzosas llevadas a cabo en 2023 en total, tanto en los CIE como fuera de ellos: se registraron 3.091 expulsiones y 586 acuerdos de devolución y salidas obligatorias.

La publicación califica el internamiento como una "de las más aflictivas y represivas de la política migratoria española y europea", que, aunque no es la más utilizada, se usa "de modo desproporcionado".

Cuestiona su "eficacia" y el "sufrimiento innecesario" que provoca en muchas personas, "de un modo gravoso para el bolsillo del contribuyente".

Además de "la obstrucción a la denuncia" y "la falta de celo investigador en los órganos jurisdiccionales" ante los casos de agresiones y malas prácticas policiales, el SJM advierte que se siguen poniendo problemas a las visitas de oenegés, el capellán o los abogados a los CIE y que falta privacidad en las consultas médicas y las visitas. EFE

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