El asesinato de una cocinera, la mecha encendió las cárceles catalanas en clima electoral

Silvia Gracia

Barcelona, 10 may (EFE).- Coincidiendo con el adelanto electoral en Cataluña, el asesinato de una cocinera de la cárcel Mas d'Enric de Tarragona desató una ola de protestas de funcionarios que llevó las prisiones al límite y puso en aprietos al Govern, un conflicto que se encauzó in extremis antes de la campaña del 12M.

El pasado 13 de marzo, el mismo día que el presidente catalán Pere Aragonès convocaba las elecciones del 12M, un preso de la prisión ubicada en El Catllar (Tarragona) que llevaba años trabajando en la cocina del centro acabó con la vida de Núria, la primera empleada de un centro penitenciario asesinada por un recluso en España, y se suicidó.

El crimen puso en pie de guerra a los funcionarios de prisiones, que durante varios días bloquearon los accesos a los centros penitenciarios catalanes, donde la tensión se disparó con miles de reclusos confinados en sus celdas por falta de personal, y convocaron dos jornadas de huelga coincidiendo con la campaña electoral para reclamar más seguridad.

Los sindicatos de prisiones iniciaron sus protestas exigiendo la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, y el secretario de Medidas Penales del Govern, Amand Calderó, pero las ofertas de negociación del Departament acabaron por romper la unidad sindical y los minoritarios CSIF y ACAIP se desmarcaron del diálogo.

La noche del 25 de abril, los sindicatos UGT, CCOO, CATAC e Intersindical alcanzaron un acuerdo "in extremis" con la Generalitat por el que desconvocaron las dos jornadas de huelga -previstas para el día siguiente, inicio de campaña, y para la jornada de reflexión- al lograr mejoras laborales y compromisos para reforzar la seguridad.

El acuerdo ha disipado la tensión entre el personal penitenciario, pero el sindicato minoritario CSIF y la plataforma Marea Blava han convocado para hoy en el centro de Barcelona una manifestación, que secunda la organización sindical ACAIP, bajo el lema "Todos somos Núria", coincidiendo con el último día de campaña electoral.

Los sindicatos mayoritarios como organización no secundarán esta manifestación, aunque sí pueden hacerlo sus afiliados a título personal, según han explicado a EFE fuentes sindicales.

Con esta protesta para el último día de la campaña electoral, los dos sindicatos y la citada asociación quieren visibilizar su rechazo al acuerdo alcanzado la noche del jueves 25 de abril entre el Departamento de Justicia y los sindicatos mayoritarios de prisiones que, dicen, se hizo "de espaldas a la plantilla" y a los que acusan por ello de "traición", mientras siguen exigiendo la dimisión de Ubasart y Calderó.

Aunque el asesinato de la trabajadora de Mas d'Enric fue el detonante, la crisis entre funcionarios de prisiones y el Departamento de Justicia llevaba meses enquistado por desavenencias de calado, sobre todo respecto al modelo penitenciario del actual Govern, por las medidas de seguridad, que la plantilla consideraba demasiado laxas, y por el incremento de las agresiones a los trabajadores.

El acuerdo alcanzado la noche del 25 de abril con la mayoría sindical incluye mejoras laborales y compromisos para reforzar la seguridad en las cárceles, por valor de 30 millones de euros, aproximadamente, según detalló el Departamento de Justicia.

Entre otras medidas de seguridad, se pactó la sustitución de los internos en las cafeterías por personal externo, formación de defensa personal para los trabajadores penitenciarios, una nueva partida de radiotransmisores y de pulsadores y la revisión de los protocolos de emergencia y seguridad, así como del procedimiento disciplinario y sancionador.

También se acordaron medidas para el personal mayor de 55 años, como la no asignación de labores de protocolos de seguridad o asignación a módulos o áreas de especial conflictividad.

Asimismo, las dos partes acordaron incrementos retributivos que suponen aumentos del 13 al 22 por ciento de los complementos específicos y que en el mayoría de los casos pueden suponer aumentos de 10.100 euros anuales, además de actualizar las horas extras en cuantías incrementadas un 40 por ciento con respecto a las actuales.

Cataluña ha sido durante años la única comunidad autónoma con la competencia transferida en la gestión de los centros penitenciarios, que asumió en 1983, y en octubre de 2021 también se transfirió al País Vasco. EFE

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