Sídney (Australia), 6 mar (EFECOM).- La compañía australiana de telecomunicaciones Optus pagó este miércoles una multa de 1,5 millones de dólares australianos (unos 977.000 dolares) después de que la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios (ACMA, en inglés) detectara "violaciones a gran escala de las normas de seguridad pública".
Tras una investigación, la ACMA concluyó que Optus, la segunda mayor empresa de telecomunicaciones de Australia, "puso en riesgo" a cerca de 200.000 clientes móviles entre enero de 2021 y septiembre de 2023 al no incluir la información de los usuarios en una base de datos utilizada por los servicios de emergencia.
La llamada "base de datos integrada de números públicos" se utiliza para proporcionar información a la policía, los bomberos o los servicios de ambulancia durante llamadas de emergencia, además de ser usada para emitir alertas de emergencia en desastres como incendios forestales o inundaciones.
"Cuando los servicios de emergencia se ven obstaculizados, puede haber consecuencias muy graves para la seguridad de los australianos", afirmó en un comunicado Samantha Yorke, miembro de la ACMA, el organismo que controla las comunicaciones en el país oceánico.
Según Yorke, la entidad abrió una investigación a raíz de los indicios hallados en una auditoría y expresó que si bien "no hay conocimiento de que alguien haya resultado perjudicado directamente debido al incumplimiento en este caso, es alarmante que Optus haya colocado a tantos clientes en esta posición durante tanto tiempo".
"Todas las empresas de telecomunicaciones deben contar con sistemas que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones, incluido contar con procesos sólidos de supervisión y garantía para proveedores externos", agregó.
Además de la sanción financiera, Optus deberá revisar de forma independiente su cumplimiento con la base de datos.
En caso de que el organismo regulador detecte que Optus sigue incumpliendo con las órdenes, la ACMA indicó que podría entrar con procedimientos legales en el Tribunal Federal, que podría determinar sanciones de hasta 10 millones de dólares australianos (unos 6,5 millones de dólares estadounidenses).
Optus afronta desde hace años a una crisis de confianza por parte de los clientes, que se intensificó el pasado noviembre cuando un apagón informático dejó a unas diez millones de personas incomunicadas.
El apagón, que se produjo tras una actualización del programa informático de una de las centrales de internet de la compañía, afectó a más del 38,4 % de la población y a unos 400.000 negocios y oficinas gubernamentales, hospitales y servicios de transporte, que no podían llamar, ni enviar mensajes, acceder a internet o realizar transacciones bancarias.
En 2022 Optus ya había sufrido un ataque informático en el que se filtraron datos personales de casi 10 millones de personas.
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