Este martes empieza en la Audiencia Nacional el juicio por la estafa piramidal de Unetenet

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Madrid, 3 jul (EFECOM).- Este martes comienza en la Audiencia Nacional el juicio contra una organización criminal formada por una veintena de personas cuyo cabecilla, José Manuel Ramírez, está acusado de estafa, integración de grupo criminal y blanqueo de capitales, por haber estafado unos 45 millones de euros a más de 50.000 personas en todo el mundo.

Según sostiene la Fiscalía, los acusados forman un grupo criminal organizado -liderado por José Manuel Ramírez Marco y su pareja, María Pilar Otero Sanchea-, especializado en la comisión de estafas masivas, con una estructura piramidal en la que los fondos proceden de la captación de nuevos inversores.

A través de charlas formativas y reuniones, se intentaba convencer a los nuevos "socios/víctimas" de que, previa compra de una serie de paquetes, cuyo precio oscilaba entre 60 y 700 dólares (entre 55 y 642 euros) podían obtener grandes beneficios publicitando los servicios de Unetenet.

De este modo, los inversores entraban a formar parte de Unetenet con la única obligación de introducir una serie de anuncios en la red de la marca, "sin que se comercialice realmente producto, servicio informático, o elemento objetivo tangible alguno al no existir clientes finales".

En abril de 2014 se produjo de manera unilateral el cambio de todos los contratos con los clientes, de modo que desde ese momento los beneficios pasaron a abonarse en una moneda virtual inventada, el "unetecoin" o "únete".

Los clientes eran los encargados de vender la nueva moneda al precio que estimaran conveniente, "debiendo ser ellos mismos los encargados de recuperar la inversión inicial realizada por cada uno", añade la Fiscalía.

Con los beneficios económicos obtenidos con la captación de inversores, Ramírez Marco creó una estructura destinada a blanquear el dinero obtenido mediante empresas radicadas en algunas ciudades españolas, Panamá, Estados Unidos, las islas Granadinas, Malta, Belice, los Emiratos Árabes, las Seychelles y Nueva Zelanda, entre otras.

El entramado societario, compuesto por un sinfín de sociedades interpuestas y figuras jurídicas complejas creadas en diferentes países servía para recibir el dinero de la estafa, y posteriormente, mediante "múltiples y complejas operaciones bancarias", se quedaba a disposición de los líderes de la organización.

La Fiscalía atribuye a los 22 procesados un delito de integración en grupo criminal; a los dos cabecillas les añade el de estafa, y a Ramírez Otero el de blanqueo.

Para él, la Fiscalía pide un total de 11 años y medio de cárcel, en tanto que para el resto de acusados solicita 7 años y medio de cárcel. EFECOM

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