
El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha confirmado por escrito al juez Santiago Pedraz que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le llamó a raíz de la divulgación de datos personales de personas ajenas a una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) en un juzgado de Badajoz. En su respuesta, fechada el 13 de octubre y a la que ha tenido acceso Infobae, el máximo responsable operativo del instituto armado también detalla el papel de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el origen de una de las investigaciones internas abiertas para esclarecer la difusión de esos datos.
El escrito no menciona expresamente a Begoña Gómez, pero la comunicación se enmarca en el episodio de la publicación de su dirección de correo electrónico, que figuraba en documentación elaborada por la UCO durante las pesquisas sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Llamas ya reconoció ante Pedraz el pasado julio que Marlaska se había interesado por ese asunto. La novedad ahora es que el DAO deja constancia por escrito de las llamadas y explica por qué comunicó a González el desarrollo de una de las informaciones reservadas.
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En la respuesta al requerimiento judicial, Llamas señala que tanto la directora general como el ministro le trasladaron, mediante sendas llamadas, los perjuicios que había provocado la divulgación de datos personales de personas ajenas a la investigación que la UCO desarrollaba ante un juzgado de Badajoz. Por ese motivo, explica, consideró “necesario y oportuno” informar de las actuaciones realizadas.
El DAO precisa que solo dio cuenta a González del inicio y la conclusión de la información reservada 1/24 porque, según su versión, ella había intervenido en su origen a través de una llamada, al igual que el ministro. En cambio, sostiene que no comunicó por escrito a la directora general la finalización de la información reservada 1/25 porque había sido ella quien ordenó abrirla y conocía de primera mano su tramitación.
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La investigación sobre las actuaciones internas de la Guardia Civil
La respuesta se incorpora a la causa que instruye Pedraz en la Audiencia Nacional sobre las presuntas maniobras para interferir en investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y al entorno del Gobierno. El juez trata de esclarecer si se utilizaron mecanismos internos de la Guardia Civil para presionar o condicionar el trabajo de los agentes de la UCO. Tanto Llamas como otros investigados han rechazado que esas actuaciones tuvieran ese propósito.
La inclusión del correo electrónico de Begoña Gómez en documentación relacionada con la investigación sobre David Sánchez desencadenó una controversia porque la esposa del presidente no era objeto de aquellas pesquisas. Según la explicación ofrecida por Llamas ante el juez en julio, la divulgación de esa dirección motivó la apertura de una información reservada para averiguar cómo había llegado a la prensa. El DAO defendió entonces que se trataba de un procedimiento interno para esclarecer una posible filtración y negó que se hubiera utilizado para intimidar a los investigadores.
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En su nuevo escrito, Llamas también aclara que las otras tres informaciones reservadas a las que se refería el requerimiento judicial correspondían a unidades distintas de la UCO. Según explica, ordenó que fueran instruidas por jefes y oficiales ajenos a las unidades afectadas para garantizar una mayor objetividad. Añade que no informó por escrito a González de su apertura ni de su cierre porque, según su versión, la directora general no había intervenido ni tenía conocimiento previo de su origen.
El magistrado había solicitado además información sobre cuatro expedientes disciplinarios abiertos a agentes de la UCO. La documentación remitida identifica los mandos que ordenaron su incoación y las fechas: dos fueron iniciados por el general jefe de la Jefatura de Policía Judicial, en mayo y julio de 2025, y otros dos por Mercedes González, en octubre y noviembre de ese año.
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Llamas certifica que ninguno de los cuatro expedientes estuvo motivado directamente por hechos relacionados con investigaciones judiciales abiertas en las que los agentes estuvieran actuando como policías judiciales. No obstante, el escrito no identifica a los superiores que promovieron inicialmente el trámite sancionador mediante una denuncia o un parte disciplinario.
El DAO compareció como investigado ante Pedraz el 16 de julio y negó haber presionado a la UCO para que dejara de actuar de forma proactiva en las investigaciones. Defendió que las informaciones reservadas respondían a la necesidad de aclarar posibles filtraciones y rechazó que se hubieran empleado para frenar pesquisas que afectaban al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno. La investigación judicial continúa abierta.
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