Las llamas se apagan pero la amenaza persiste: las lluvias movilizan cenizas y ponen en riesgo la calidad del agua

Con el final de agosto, el descenso de las temperaturas ha dado un respiro tras semanas de calor intenso en la mayor parte del país. A lo largo de esta semana se han producido tormentas e intensas lluvias —especialmente en Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana— que han ayudado a rebajar el riesgo de incendios, pero estas precipitaciones también pueden provocar que las cenizas y sedimentos contaminen suelos y agua. Por ello, Greenpeace advierte que, aunque las llamas se hayan extinguido, la emergencia persiste e insta a los municipios afectados por los incendios a implementar medidas para controlar la erosión y el arrastre de cenizas.

Las lluvias posteriores a los incendios movilizan cenizas, sedimentos, metales y otros contaminantes hacia ríos, embalses y acuíferos, lo que compromete la calidad del agua —tanto subterránea como superficial— y afecta al suministro, además de repercutir sobre ecosistemas acuáticos, biodiversidad y la seguridad de la población.

“Tras las llamas, la emergencia continúa, por eso son fundamentales las labores de estabilización de las zonas afectadas por los fuegos, especialmente en áreas de pendiente, donde las lluvias favorecen el desplazamiento de cenizas y tierra. Es fundamental proteger el suelo fértil, donde se concentran el banco de semillas, el micelio y los microorganismos que requieren siglos para formarse y pueden perderse rápidamente”, explica a Infobae Mónica Parrilla, responsable de la campaña de incendios de Greenpeace. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que formar solo dos o tres centímetros de suelo fértil puede requerir hasta 1.000 años. Teniendo en cuenta que en España más del 70% del territorio está amenazado por la desertificación, la conservación del suelo resulta crucial.

Parrilla también indica que el arrastre de cenizas no solo contamina el agua, sino que afecta a las plantas potabilizadoras, por lo que tras los incendios suelen imponerse restricciones en el consumo de agua potable.

Evitar males mayores

La experta recuerda que cada año, con el final del verano, la atención informativa suele desplazarse hacia el inicio del curso escolar y la llegada del otoño, aunque el riesgo de incendios persiste, como ya ocurrió en octubre de 2017, cuando varios fuegos en el noroeste del país —sobre todo en Galicia, Asturias y el norte de León— devastaron cerca de 50.000 hectáreas en apenas tres días. De ahí la importancia, añade Parrilla, de mantener la vigilancia y las intervenciones en las zonas afectadas “para evitar males mayores”.

Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), hasta el 17 de agosto de este año los incendios han afectado un total de 254.730 hectáreas, frente a las 295.580 hectáreas estimadas en el mismo periodo del año pasado, lo que supone casi 41.000 hectáreas menos (un 13,8% menos). No obstante, a pesar de que la superficie quemada es menor, las llamas han sido más intensas: en Burgohondo, Ávila, se registró en julio el mayor incendio forestal en la historia de España, con 39.570 hectáreas afectadas. El más mortífero del verano ha sido el de Gallardos (Almería), donde fallecieron 14 personas.

Otras regiones también han vivido episodios sin precedentes, con cifras que superan cualquier registro anterior. En Andalucía, el fuego arrasó 40.100 hectáreas en Niebla (Huelva) y Castilla-La Mancha perdió 32.100 hectáreas, con el incendio declarado en La Mierla (Guadalajara). La Comunidad de Madrid superó las 25.000 hectáreas y Aragón alcanzó 18.000, en el segundo peor incendio en su historia.

“Ante tales dimensiones, hay que evitar que las cicatrices del fuego generen más impactos a la población y a la biodiversidad, sobre todo ante incendios cada vez más grandes y severos”, insiste Parrilla.

Coordinación y competencia administrativa

Entre las intervenciones prioritarias tras un incendio, explica Greenpeace, se encuentran la instalación de acolchados (mulching, en inglés) y estructuras de retención como fajinas, diques y barreras con troncos y ramas, diseñadas para frenar el avance de sedimentos. Estas acciones deben complementarse con la protección de cauces y drenajes y el control de procesos erosivos localizados.

Un estudio publicado en 2022 tras el gran incendio de Ponte Caldelas (Galicia) evidenció que la aplicación temprana de mulch (mantillo) redujo la erosión entre un 76% y un 95% durante el primer año, y mantuvo reducciones superiores al 74% al segundo año. Otro informe, coordinado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y elaborado por más de 70 especialistas, también ha documentado que, tras el incendio de Las Médulas (León) en 2025, la utilización de mulch con paja agrícola logró disminuir la erosión del suelo en un 85% de media.

Greenpeace recuerda que la restauración y protección de las áreas quemadas corresponde a las comunidades autónomas, responsables de planificar y ejecutar las medidas de emergencia. No obstante, la organización señala que la magnitud de algunos incendios, que afectan a varias regiones, exige una mayor coordinación entre administraciones y la participación del Gobierno central en la gestión de cuencas hidrográficas y espacios de interés nacional.

La elaboración de una metodología común y protocolos operativos, concluyen, permitirá evaluar de manera rápida los daños inmediatos y decidir con mayor precisión cómo y dónde intervenir. El objetivo es evitar que un incendio se traduzca también en una crisis de erosión, desertificación y degradación de los recursos hídricos.