Apenas 4 de cada 10 jóvenes emancipados en España cuentan con una vivienda en propiedad, frente al 65% que la tenía en 2008, una caída de más de 20 puntos porcentuales en menos de dos décadas que refleja el deterioro del acceso residencial para toda una generación, según se desprende de una monografía publicada por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
El 45% de los hogares jóvenes vive hoy en alquiler de mercado, el régimen que, según el informe, “exige un mayor esfuerzo económico”. Los jóvenes de entre 16 y 34 años emancipados destinan de media el 29% de sus ingresos del hogar a la vivienda, diez puntos porcentuales más que los mayores de 34 años. Esa presión se traduce en que casi 1 de cada 5 jóvenes (el 19,6%) gasta más del 40% de su renta en el alojamiento, más del doble que la media nacional, situada en el 9%.
Detrás de ese desplome en la propiedad hay un conjunto de factores que el informe enumera: la precariedad laboral, los bajos salarios, el retraso en la recepción de herencias y las mayores dificultades para acceder a financiación hipotecaria. Todo ello ha empujado la edad media de emancipación hasta los 30 años, cuatro más que la media de la Unión Europea.
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Se construyen menos de la mitad de las viviendas necesarias
La escasez de oferta agrava el problema. Entre 2021 y 2025, España construyó 454.000 viviendas nuevas frente a los 965.000 hogares creados en ese mismo periodo, lo que significa que el país solo levantó el 45% de las viviendas necesarias para absorber la nueva demanda. La construcción residencial sigue lejos de los niveles previos a la crisis inmobiliaria, y factores como la escasez de mano de obra especializada, la dificultad de los procesos urbanísticos y los cambios demográficos frenan una rápida adaptación de la oferta.
La presión se concentra en las grandes áreas metropolitanas y en los principales destinos turísticos. Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía reúnen ya al 60% de la población española, mientras que provincias como Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga acumulan buena parte de la tensión sobre el mercado residencial.
Los hogares en alquiler se duplican y el riesgo de pobreza crece
El giro hacia el alquiler tiene una dimensión cuantitativa que ilustra la magnitud del cambio: el número de hogares arrendados casi se ha duplicado en dos décadas, al pasar de 2,1 millones a 3,9 millones, hasta representar el 20,2% del total. La brecha entre regímenes de tenencia es amplia: mientras el gasto medio en vivienda representa el 18,8% de la renta disponible del conjunto de los hogares, ese porcentaje asciende al 34,2% en los alquileres a precio de mercado y se reduce al 9,9% entre los propietarios sin hipoteca.
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Las consecuencias sobre la situación económica de los jóvenes son directas. El 32,9% de los hogares jóvenes cae en situación de pobreza una vez descontados los gastos de vivienda, frente al 23% del conjunto de la población. En los hogares encabezados por inmigrantes, ese porcentaje alcanza el 52,3%.
Extranjeros y rentas bajas, los más afectados
Los inmigrantes residentes por motivos laborales conforman el colectivo más expuesto. El 63,4% vive de alquiler y solo el 23,9% accede a una vivienda en propiedad. Sus menores niveles de ingresos, ahorro y patrimonio familiar, junto con una mayor presencia en empleos de baja remuneración, dificultan el acceso a la compra. El 25,8% soporta una sobrecarga de vivienda, casi el triple que la media nacional.
El informe sitúa también el déficit de vivienda social como uno de los factores que perpetúa la situación. Las viviendas sociales representan solo el 3,5% del parque total en España, menos de la mitad de la media europea, en torno al 8%. Alcanzar ese nivel requeriría incorporar alrededor de 900.000 viviendas adicionales destinadas al alquiler social, un objetivo que, según la Fundación BBVA y el Ivie, exigirá políticas sostenidas durante años y una actuación coordinada de todas las administraciones.
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