La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a seis años y nueve meses de prisión a un joven argelino por pilotar una lancha con 26 migrantes desde las costas de Argelia hasta el litoral murciano en condiciones que ponían en grave riesgo sus vidas. La Sala descarta que fuera un pasajero más, como sostenía la defensa, y concluye que era el patrón de la embarcación, responsable de una travesía clandestina sin las mínimas garantías de seguridad.
La resolución, dictada por la Sección Tercera, se apoya en una prueba que el tribunal califica de sólida y coherente, especialmente en el seguimiento continuo realizado por un helicóptero de la Guardia Civil, cuyos agentes no perdieron de vista en ningún momento al piloto de la lancha, desde su localización en alta mar hasta su detención en tierra.
Los hechos se remontan al 9 de mayo de 2025. Aquella mañana, una embarcación semirrígida con unas 26 personas a bordo fue detectada a menos de doce millas náuticas de la costa murciana. Procedía de Argelia y se dirigía a tierra firme con el objetivo de introducir a sus ocupantes en territorio español al margen de cualquier control fronterizo.
El piloto condujo la lancha hasta una cala del litoral, donde 22 de los ocupantes se lanzaron al agua para alcanzar la playa a nado. De ellos, al menos 18 fueron localizados posteriormente, todos de nacionalidad argelina y cuatro de ellos menores de edad.
Tras ese primer desembarco, la embarcación retomó la marcha con cinco personas a bordo. El intento de huida concluyó poco después, cuando la lancha embarrancó en otra zona de la costa. Los ocupantes trataron entonces de escapar a pie, pero el piloto fue interceptado tras una persecución guiada desde el aire.
La identificación del patrón
El eje del juicio giró en torno a una cuestión esencial: determinar si el acusado era quien pilotaba la embarcación o, por el contrario, un migrante más. La Sala no alberga dudas.
La sentencia otorga especial valor a la declaración del comandante del helicóptero, que identificó desde el aire al piloto —por su posición en la embarcación y por rasgos físicos y de vestimenta— y aseguró que no lo perdió de vista en ningún momento. Esa identificación continuada, sin interrupciones, se convierte en el elemento decisivo.
A ese testimonio se suman las declaraciones de los otros agentes y el material gráfico incorporado al atestado, que permite situar al acusado en el puesto de mando durante distintos momentos de la travesía. El tribunal considera, por ello, que la versión exculpatoria carece de respaldo y resulta incompatible con la prueba practicada .
Una travesía sin las mínimas condiciones
La gravedad del caso no reside solo en la introducción irregular de migrantes, sino en la forma en que se llevó a cabo. La embarcación, de pequeño tamaño, iba sobrecargada y carecía de cualquier elemento de seguridad: ni chalecos salvavidas, ni bengalas, ni botiquín, ni provisiones suficientes para un trayecto de varias horas.
Las imágenes incorporadas al procedimiento muestran a más de una veintena de personas hacinadas en una lancha descubierta, en una travesía entre continentes que, en palabras del tribunal, comportaba un riesgo evidente para la vida de todos los ocupantes.
Esa circunstancia permite aplicar el subtipo agravado del delito, previsto para los supuestos en los que la conducta genera un peligro concreto para las personas transportadas.
Un acusado reincidente
El acusado no era ajeno a este tipo de actividades. La sentencia recuerda que ya había sido condenado en 2024 por un delito de tráfico ilegal de personas, lo que activa la agravante de reincidencia.
Ese antecedente no solo incrementa la pena, sino que refuerza, a juicio de la Sala, la idea de que el acusado no actuaba como un simple pasajero, sino que contaba con conocimientos y experiencia en la conducción de este tipo de embarcaciones en travesías clandestinas.
El delito de favorecimiento de la inmigración irregular con riesgo para la vida está castigado con penas de entre cuatro y ocho años de prisión. Al concurrir la agravante de reincidencia, la horquilla se desplaza a su mitad superior.
Dentro de ese margen, la Audiencia fija la pena en seis años y nueve meses de prisión. Una condena que, según razona el tribunal, resulta proporcionada si se tiene en cuenta el número de personas transportadas —26 en total— y el nivel de riesgo asumido durante la travesía. También impone al acusado el pago de las costas.
La resolución se alinea con una doctrina consolidada en esta materia: el delito se consuma con la mera realización de actos que faciliten la entrada irregular, sin necesidad de que esta llegue a materializarse plenamente.
Pero, en este caso, la Sala va más allá y subraya el componente de riesgo. Transportar a más de una veintena de personas en una embarcación precaria, sin medidas de seguridad y a lo largo de una travesía entre las costas africanas y españolas, constituye —concluye— una conducta de especial gravedad que justifica sobradamente la condena impuesta.