“Cuando una persona migrante regulariza su situación, hay una serie de tranquilidades y de garantías que te permiten estar desde otro lugar, porque cuando no tienes esos derechos es como ir a la deriva”. Raquel Mosquera, migrante colombiana de 45 años, habla ahora desde el alivio, pero no se le olvidan las innumerables dificultades que tuvo que atravesar durante tres años, desde que llegó a España en 2022 y hasta que pudo obtener un permiso de residencia y trabajo tres años después, en mayo de 2025. Los problemas en el acceso a la vivienda, los trabajos precarios y mal remunerados o el miedo a que un control policial pudiera truncar sus planes de quedarse en el país marcaron su día a día. Pero, a pesar de la incertidumbre, consiguió abrirse paso y acceder a nuevas oportunidades.
Después de conseguir su primer trabajo en un restaurante, un año después, cuando logró tener un techo seguro, pudo traer a su hija, que ahora tiene 14 años. Más tarde, ya con una relación estable, Raquel pudo regularizar su situación mediante la inscripción como pareja de hecho, una vía que permite obtener la residencia legal, por lo que obtuvo sus papeles en mayo de 2025. El proceso de su hija, sin embargo, aún sigue pendiente.
Raquel decidió no iniciar los trámites para su hija hasta regularizar primero su propia situación. Quería asegurarse de tener un contrato de trabajo, aunque solo fuera por unas pocas horas cuidando niños, y un alquiler a su nombre, porque temía que cualquier detalle pudiera poner en riesgo la solicitud. El pasado mes de diciembre entregó por fin la documentación de su hija en Extranjería y, aunque la respuesta aún no ha llegado, la aprobación esta semana por parte del Gobierno de la regularización extraordinaria de migrantes ha abierto una nueva esperanza para esta familia.
Derechos básicos limitados
A lo largo de estos años, Raquel ha acumulado empleos marcados por la precariedad, tanto en la hostelería como en el cuidado de personas dependientes, llegando a asistir a un hombre con esclerosis múltiple por apenas 8 euros la hora, sin derecho a permisos retribuidos, ni baja por enfermedad ni vacaciones. Pero también ha sido testigo de cómo la falta de papeles limitaba el acceso de su hija a servicios y derechos básicos como la educación, la sanidad o las ayudas sociales, porque los niños, niñas y adolescentes migrantes en situación irregular crecen con el temor a ser expulsados y sin la seguridad de poder construir un futuro en el lugar donde viven.
“Mi hija, afortunadamente, ha logrado crear un vínculo fuerte tanto con otras chicas migrantes como con sus compañeras de colegio, porque, al no tener familia cerca, esas amistades son el sostén al que te agarras. Aun así, siempre ha sentido miedo a que la policía la detenga en el transporte público o a que puedan expulsarla del país”, explica Raquel. Para ella, lo más doloroso es no poder salir de España con su hija, aunque espera que la regularización extraordinaria permita cambiar esa situación a lo largo de este año.
“Ella me pregunta frecuentemente que cuándo vamos a poder ir a Colombia y estoy segura de que este año sí vamos a poder hacerlo”, dice esperanzada. La regularización, un proceso destinado a quienes llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan demostrar al menos cinco meses de permanencia continuada y carecer de antecedentes penales, representa para Raquel mucho más que un trámite: significa que su hija y otros muchos menores migrantes podrán vivir con mayor tranquilidad y acceder a las mismas oportunidades que los demás.
Aunque la ausencia de un registro real dificulta conocer con exactitud el número de niños, niñas y adolescentes que se encuentran actualmente en España en situación irregular como la hija de Raquel, el informe Crecer sin papeles, elaborado por Save the Children y la Fundación por Causa en 2021, cuantificaba en casi 150.000 el número de menores de edad en esta situación. Casi la mitad de ellos tenía menos de 10 años.
Racismo en las aulas
En el caso de Lina, una migrante colombiana que llegó a Barcelona hace dos años y medio, también enfrenta cada día la incertidumbre de la irregularidad junto a su hija menor de edad. Sin papeles, solo ha podido acceder a empleos informales y ambas han tenido que mudarse hasta en siete ocasiones, debido a las dificultades para conseguir vivienda en estas condiciones.
Además, el día a día de su hija en el colegio resulta especialmente difícil, ya que ha vivido episodios de racismo, según denuncia Lina. La menor ha recibido insultos y ha presenciado comentarios discriminatorios en un chat grupal, donde un compañero mandó callar a otro alumno migrante y le dijo que “se fuera a recoger algodón”. Al informar a la tutora, lejos de encontrar apoyo, la profesora expuso a la niña delante del grupo, lo que agravó su aislamiento, relata la madre.
En el aula de acogida, un espacio destinado a apoyar a los estudiantes migrantes en el aprendizaje del catalán, la situación tampoco fue mejor. Lina explica que una profesora desestimaba los esfuerzos de su hija, le negaba ayuda y llegó a decirle que no valía la pena evaluarla porque “igual iba a suspender”. Y cuando la adolescente compartió su malestar, añade, la profesora la dejó sola en clase y otros docentes la reprendieron.
Lina trató de buscar ayuda e involucrar a la dirección del colegio, pero no recibió respaldo. Incluso le advirtieron que su hija podría perder el aula de acogida si no dejaba de “hacer drama”. Lo más preocupante, asegura, es que muchos niños migrantes atraviesan experiencias similares sin apoyo ni recursos para defenderse. “Para un adulto, adaptarse a un lugar nuevo es complicado, pero para los niños, niñas y adolescentes lo es aún más, porque no han elegido migrar”, concluye. Aun así, se muestra esperanzada en que la regularización ayude a cambiar estas situaciones y permita a la infancia vivir también con mayor seguridad y oportunidades.
Las solicitudes para el proceso ya se pueden presentar vía online, mientras que de manera presencial se habilitará a partir de este lunes 20 de abril y esta última vía siempre requerirá cita previa. Para ello estarán disponibles 60 oficinas de la Seguridad Social en todo el territorio, 371 oficinas de Correos distribuidas tanto en capitales de provincia como en municipios con más de 50.000 habitantes, y cinco oficinas más de Extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.