El Ministerio de Defensa iniciará este miércoles los trámites para declarar de alto riesgo la profesión militar, según ha anunciado la cartera que dirige Margarita Robles. La propuesta se hará mañana en el Pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS).
La declaración de una profesión como de alto riesgo supone reconocer el desgaste físico o mental asociado a ciertas actividades relacionadas con tareas de naturaleza penosa, peligrosa, tóxica o insalubre. Hasta la fecha se consideran profesiones de riesgo mineros, tripulantes de aeronaves, trabajadores del sector ferroviario, artistas, bomberos, miembros de la Ertzaintza, policías locales, Mossos d’Esquadra y la Policía foral de Navarra, o incluso toreros, pero no policías nacionales, guardias civiles o, como en este caso, militares. Además, quienes la ejercen pueden acceder a la jubilación anticipada sin ver reducida su pensión.
La reivindicación de incluir a los militares en esta categoría no es nueva. Las asociaciones profesionales llevan años reclamando este reconocimiento. Entre estas organizaciones, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha asegurado en un comunicado que debe ser reconocida debido a “los numerosos heridos y fallecidos en acto de servicio que se producen cada año”. Según datos proporcionados por el Ministerio de Defensa, entre 2011 y 2022, cada 22 días perdió la vida un soldado español en acto de servicio.
La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) denunció este pasado viernes la “extrema vulnerabilidad” de los efectivos en misiones internacionales, en un contexto marcado por la evolución de la guerra en Oriente Próximo y la amenaza sobre las tropas desplegadas en la zona. Alrededor de 650 militares españoles se mantienen desplegados en Líbano, en medio del conflicto entre el Ejército de Israel y la milicia chií Hezbolá.
ATME no cree que esté cerrado antes de 2027
Sin embargo, el anuncio del Ministerio no ha estado exento de críticas. ATME ha denunciado que la medida no ha sido comunicada previamente a las asociaciones profesionales, por lo que apunta, “vuelve a evidenciar el desprecio institucional hacia quienes representan a los militares”. Según la asociación, el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas se ha convertido en un órgano donde las decisiones llegan ya tomadas, sin margen para el debate o la negociación, motivo por el que la asociación “no acude desde hace años”.
En el plano político, la cuestión tampoco parte de cero. En 2025, el Senado aprobó una propuesta para incluir a los miembros de las Fuerzas Armadas entre los colectivos con coeficientes reductores de la edad de jubilación. Sin embargo, la iniciativa permanece paralizada en el Congreso de los Diputados, donde no ha avanzado en su tramitación. A ello se suma otra proposición no de ley con el mismo objetivo que tampoco ha sido debatida hasta la fecha.
Pese a que la asociación asegura que es un “primer paso”, ATME advierte de que el procedimiento será largo, deberá superar diversas fases y, en última instancia, requerirá la aprobación de las Cortes Generales. “Difícilmente culminará antes de las próximas elecciones generales” previstas por ahora para 2027, aseguran.
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