El Gobierno estudia limitar al 2% la subida de los alquileres presionado por Sumar

El Gobierno sopesa volver a intervenir el mercado del alquiler con una medida que ya aplicó en el pasado: limitar al 2% la actualización anual de los contratos de arrendamiento firmados antes del 26 de mayo de 2023, fecha de entrada en vigor de la ley de vivienda. Esta iniciativa formaría parte del decreto ley que el Ejecutivo prevé aprobar este viernes para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Oriente Medio.

La propuesta ha surgido en un contexto de fuerte presión política dentro de la coalición. El PSOE ha puesto sobre la mesa esta opción en las últimas horas como respuesta a las demandas de Sumar, que insiste en ampliar el paquete de medidas sociales. La negociación sigue abierta y, según recoge Efe, podría prolongarse hasta el último momento antes de la aprobación del decreto.

El antecedente más cercano de esta medida se remonta a 2022, cuando el Gobierno estableció también un límite del 2% a la actualización de los alquileres en respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania. Aquella limitación se mantuvo durante 21 meses, hasta finales de 2023, mediante sucesivas prórrogas.

Eficacia real de la medida

El debate ahora no es solo político, sino también técnico. Mientras el Tribunal Supremo avaló recientemente la constitucionalidad de este tipo de intervenciones, las discrepancias dentro del Gobierno giran en torno a su eficacia real. Desde Sumar consideran que el tope del 2% resulta claramente insuficiente para aliviar la situación de los inquilinos.

En paralelo, los datos actuales reflejan un contexto de relativa moderación inflacionaria. Los contratos de alquiler anteriores a la ley de vivienda se actualizan conforme al IPC interanual, que en febrero se situó en el 2,3%, mientras que los contratos más recientes utilizan un índice específico que alcanzó el 2,16% ese mismo mes. Esta diferencia alimenta el debate sobre si la intervención sigue siendo necesaria.

Para el PSOE, sin embargo, el objetivo es preventivo. La formación defiende que limitar las subidas protege a los inquilinos ante posibles repuntes de la inflación que podrían derivarse de la inestabilidad internacional. En este sentido, la medida se plantea como un escudo frente a escenarios económicos inciertos.

La prórroga de contratos, eje del conflicto

Más allá del tope a los alquileres, el principal punto de fricción entre los socios de Gobierno es la prórroga de los contratos de arrendamiento que vencen este año. Sumar ha convertido esta cuestión en su prioridad absoluta dentro de la negociación, considerándola una herramienta clave para evitar situaciones de vulnerabilidad.

La formación insiste en que esta medida debe ser el núcleo del decreto, ya que permitiría a miles de inquilinos mantener sus viviendas en un contexto de precios elevados y oferta limitada. Su portavoz en el Congreso ha reiterado públicamente que están poniendo todo su empeño en lograr su inclusión.

Sin embargo, el PSOE se muestra más cauteloso. La inclusión de esta medida podría complicar la convalidación del decreto en el Congreso, donde el apoyo de otros grupos parlamentarios resulta imprescindible.

Desahucios y suministros: otras medidas en juego

Otro de los elementos que Sumar quiere incorporar al decreto es la recuperación de la moratoria de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, que fue derogada recientemente. La propuesta cuenta con el respaldo de otros socios de izquierdas, pero genera reticencias dentro del PSOE.

Los socialistas solo estarían dispuestos a aceptar una versión más limitada de esta medida, centrada exclusivamente en los colectivos considerados “supervulnerables”. Esta restricción responde, en parte, a la falta de consenso con otros grupos parlamentarios clave.

Además, Sumar presiona para incluir la prohibición de los cortes de suministros básicos a familias vulnerables, una medida que sí podría contar con mayor apoyo parlamentario. La negociación sigue abierta y no se descarta que estas cuestiones se incorporen en el último momento.

Equilibrios políticos

El Gobierno también enfrenta un delicado equilibrio político. Partidos como Junts y el PNV juegan un papel determinante en la aprobación del decreto, y su rechazo a determinadas medidas sociales condiciona el margen de maniobra del Ejecutivo.

En este contexto, el PSOE apuesta por centrar el decreto en medidas económicas relacionadas con la energía, la agricultura y el transporte profesional. Entre ellas destaca una posible rebaja fiscal del impuesto especial de hidrocarburos, en línea con un enfoque más orientado a sectores productivos.

Este planteamiento contrasta con el modelo adoptado en 2022, basado en subvenciones directas. Ahora, el Ejecutivo parece inclinarse por medidas fiscales menos intervencionistas, lo que añade otro elemento de tensión en la negociación con su socio de coalición.

El resultado final del decreto dependerá de una negociación contrarreloj en la que se cruzan intereses sociales, económicos y políticos. Lo que está en juego no es solo el contenido de una norma, sino también la capacidad del Gobierno para mantener el equilibrio interno en un momento de creciente incertidumbre.