La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con el objetivo de que se investigue y, en su caso, sancione un sistema que, a su juicio, “monopoliza el mercado inmobiliario” a través de las principales plataformas digitales.
Según la organización sindical, este modelo ha contribuido de manera directa a un “incremento considerable” de los precios de los pisos en un contexto marcado por la crisis habitacional y la creciente dificultad de acceso a la vivienda para amplias capas de la población trabajadora.
La denuncia sostiene que los criterios de funcionamiento de las grandes plataformas inmobiliarias digitales han generado una concentración estructural del mercado. En la práctica, afirma UGT, estas empresas monopolizan casi en exclusiva los servicios asociados al mercado inmobiliario online.
Entre ellos figuran las tasaciones y valoraciones de inmuebles, los seguros denominados ‘antiokupas’, las certificaciones energéticas o los servicios para consultar la morosidad de potenciales inquilinos. Esta acumulación de actividades en manos de los mismos operadores supone “una integración vertical del negocio”, según el sindicato.
Distorsión de la competencia
En términos económicos, esto implica que una misma plataforma controla varias fases sucesivas de distribución y comercialización que antes estaban en manos de empresas distintas. Como consecuencia, se reduce la necesidad de recurrir a operadores externos y se genera una fuerte dependencia económica en torno a estas compañías digitales.
UGT considera que este fenómeno uniforma la oferta y la demanda, distorsiona la competencia y altera el funcionamiento del mercado inmobiliario. El resultado inmediato, sostiene, es el encarecimiento del acceso a la vivienda, obligando a los trabajadores a destinar un porcentaje cada vez mayor de su salario al pago del alquiler o la hipoteca.
Desequilibrio en favor de la propiedad
Otro de los ejes de la denuncia es la asimetría estructural de los servicios ofrecidos por las plataformas. Según el sindicato, la mayoría de estas herramientas están orientadas a cubrir las necesidades del lado de la propiedad, reforzando su posición en la negociación.
En cambio, las personas que buscan vivienda disponen de menos instrumentos de protección y menor capacidad de negociación. Esta desigualdad, advierte UGT, no solo consolida un desequilibrio estructural, sino que también favorece la proliferación de prácticas abusivas.
El sindicato asegura que muchas plataformas no filtran adecuadamente anuncios que contienen cláusulas ilegales o condiciones contrarias a la normativa vigente. Estas prácticas ya han sido denunciadas por la organización ante las autoridades de Consumo y Vivienda, pero consideran que el problema persiste debido a la falta de un control efectivo sobre el modelo digital.
Impacto directo en los precios
Para UGT, uno de los factores que explican el encarecimiento sostenido de la vivienda en los últimos años es precisamente este modelo de plataformas digitales, que habría operado sin una regulación suficientemente estricta.
A su juicio, estas empresas se han beneficiado económicamente de un sistema que permite abusos inmobiliarios y que, además, incrementa los costes asociados al acceso a la vivienda. La concentración de servicios y la imposición de determinados productos complementarios elevan el precio final que deben asumir los inquilinos o compradores, incide UGT.
Sostiene que, al controlar gran parte del mercado online, estas plataformas influyen de forma decisiva en la fijación de precios y en la dinámica de la oferta, lo que termina trasladándose al conjunto del sector inmobiliario.
La solución
Como respuesta, UGT propone abrir un proceso regulatorio que obligue a los anunciantes a cumplir estrictamente la normativa vigente. El modelo que plantea se inspira en la regulación aplicada a los pisos turísticos mediante el sistema de la Ventanilla Única Digital.
La idea central es reforzar la supervisión y establecer mecanismos que impidan la publicación de anuncios ilegales o con cláusulas abusivas. Además, el sindicato reclama que es “fundamental proteger los intereses de quienes acceden a estas plataformas facilitando información sobre sus derechos”. Por parte de las plataformas, UGT solicita “eliminar los anuncios ilegales y hacer que la propiedad corra a cargo de los costes de intermediación”.
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