El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha advertido este lunes de que el proyecto industrial promovido por la multinacional portuguesa Altri en la comarca lucense de A Ulloa solo podría reactivarse si la empresa logra garantizar una conexión eléctrica alternativa, lo que obligaría a reiniciar toda la tramitación administrativa. “Si consigue suministro eléctrico, habría que abrir un nuevo expediente y volver a iniciarse todo el proceso”, afirmó tras la reunión semanal del Consello de la Xunta.
La declaración confirma el giro adoptado por el Ejecutivo gallego el pasado viernes, cuando anunció el inicio del procedimiento para archivar el expediente de la planta proyectada en Palas de Rei, Antas de Ulla y Monterroso, al considerar inviable su desarrollo sin acceso a la red eléctrica. La Consellería de Economía e Industria ha abierto un plazo de alegaciones previo al cierre definitivo.
El proyecto, canalizado a través de la sociedad Greenfiber —participada en un 75% por Altri y en un 25% por la española Smarttia—, contemplaba la construcción de una macroplanta de fibras textiles con una capacidad estimada de 200.000 toneladas anuales de lyocell. Desde el inicio, la Xunta defendió la iniciativa como estratégica para la reindustrialización de la provincia de Lugo.
La energía como condición determinante
La clave del archivo radica en la planificación eléctrica estatal. El Gobierno central descartó la conexión solicitada para el proyecto, lo que deja sin suministro a una instalación de alto consumo energético. Rueda sostuvo que la falta de potencia disponible en la provincia hace “inviable” la continuidad del procedimiento en los términos actuales.
La iniciativa había avanzado en su tramitación. En marzo de 2025 obtuvo declaración de impacto ambiental positiva, después de cuatro años marcados por una intensa contestación social liderada por plataformas vecinales y ecologistas. No obstante, todavía estaba pendiente la autorización ambiental integrada (AAI), imprescindible para que la planta pudiera entrar en funcionamiento.
El presidente gallego explicó que la tramitación como proyecto industrial estratégico implicaba que la autorización ambiental estuviera vinculada a esa condición. Al perderla por la ausencia de conexión eléctrica, el expediente “decae” y la AAI queda igualmente comprometida. En caso de que la empresa acreditase una alternativa técnica viable, el procedimiento debería reiniciarse desde el principio, sin posibilidad de retomar la fase actual.
Rueda subrayó que la decisión de archivar se adopta a la espera de que concluya el plazo de alegaciones y en función de las manifestaciones públicas que descartaron la conexión eléctrica. La Xunta da por improbable un cambio en la planificación energética estatal en el corto plazo, aunque formalmente el expediente no se cerrará hasta completar los trámites administrativos.
Sin compensaciones y con reproches políticos
Durante su comparecencia, el presidente fue interrogado por el memorando de entendimiento firmado en octubre de 2021 entre la Xunta y la multinacional portuguesa. La oposición ha reclamado en reiteradas ocasiones su contenido. Rueda reconoció conocer el documento, pero recordó que tiene carácter confidencial.
En todo caso, negó que incluya cláusulas de compensación económica en caso de que el proyecto no llegue a ejecutarse. “No hay ningún tipo de compensación prevista”, afirmó. Según defendió, la tramitación autonómica se ha desarrollado “de principio a fin con todas las garantías” y conforme a la normativa vigente.
El presidente gallego volvió además a cargar contra el Gobierno central por la planificación eléctrica que, a su juicio, deja a Lugo sin margen para atraer nuevas inversiones industriales o ampliar las existentes. Señaló que fue el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien anunció públicamente que no habría conexión eléctrica para este proyecto antes de que el Ejecutivo estatal lo confirmase formalmente.
Rueda evitó, en cambio, profundizar en la polémica con la plataforma Ulloa Viva, que ha encabezado la oposición social a la macroplanta. Consideró que en numerosas ocasiones se han vertido afirmaciones “inexactas” e “injustas” hacia los técnicos de la Xunta, aunque declinó responder a declaraciones concretas.
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