El Tribunal de Cuentas ha señalado la gestión de Adif y Adif Alta Velocidad y este martes se convertirá en objeto de debate en el Congreso y el Senado. La presidenta de la institución, Enriqueta Chicano, presenta este martes un informe ante las Cortes Generales en el que hablará de la investigación llevada a cabo tras diversas denuncias por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos. Este documento, al que ha tenido acceso Infobae, que ya fue publicado en diciembre, cuestiona el rigor de las actuaciones del gestor ferroviario y hace referencia a debilidades en los sistemas de control, transparencia y motivación en la valoración técnica de las ofertas.
Este informe se expondrá en la Comisión Mixta de Congreso y Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas y tiene como fin valorar la ejecución de actuaciones financiadas mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hasta el 31 de diciembre de 2024. En este contexto, el Tribunal ha puesto de manifiesto dos investigaciones abiertas por la presentación de sendas denuncias internas sobre la alteración irregular de puntuaciones en los informes técnicos que determinan la adjudicación de contratos.
La primera denuncia fue trasladada a Adif por parte de Ineco el 17 de julio de 2022, en la que se informaba de que un empleado del administrador ferroviario supuestamente habría dado instrucciones a dos trabajadores de Ineco para modificar las valoraciones técnicas de tres licitaciones, basándose en órdenes de un superior jerárquico de Adif. Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, Adif recibió a través de su canal ético una segunda denuncia que alertaba de la posible falsificación de puntuaciones en la adjudicación de contratos de obras para beneficiar a una empresa concreta.
Las acusaciones afectan a tres expedientes; entre ellos, uno vinculado directamente con el Plan de Recuperación, cuyo valor supera los 20 millones de euros. La documentación aportada por Ineco revela que las modificaciones en las valoraciones alteraron la puntuación global en dos de los expedientes y, en el tercero, se habrían dado instrucciones directas a los técnicos para decidir la clasificación de los licitadores en el tramo de valoración subjetiva.
“Asignación injustificada y arbitraria”
El informe remitido por Adif en diciembre concluyó que no existían indicios suficientes de vulneración normativa, respaldándose además en una pericial externa sobre la valoración técnica. Sin embargo, tras analizar el proceso y los documentos, el Tribunal de Cuentas ha alertado de “falta de transparencia y de motivación en la asignación de puntuación”, advirtiendo de que esta opacidad podría amparar “una asignación injustificada y arbitraria”.
Además de la transparencia, el Tribunal presidido por Enriqueta Chicano ha señalado como problemática la intervención de personal de Ineco en el proceso de valoración, cuya participación no quedó debidamente documentada en los expedientes. Las conclusiones del informe pericial encargado por Adif sobre el expediente más relevante, el vinculado a fondos europeos, han sido tildadas de “muy escuetas” por el órgano fiscalizador, como se destaca en los análisis de Okdiario y Forbes España.
El Tribunal de Cuentas estima que la actuación de Adif en estos casos “carece del rigor que sería exigible a la vista de la gravedad de los hechos denunciados”, mencionando como factores críticos la fragilidad de los pliegos contractuales, las irregularidades detectadas en los informes de valoración, la escasa motivación de los informes periciales y la ausencia de explicaciones claras sobre la intervención de trabajadores externos.
Por otro lado, en el marco de este proceso de fiscalización, el organismo también ha presentado el resultado de su revisión sobre el coste real de los abonos gratuitos de Renfe para Cercanías, Media Distancia y Avant. Según detalla Forbes España citando el informe, el Gobierno abonó 245 millones de euros de más a Renfe, ya que el gasto final por esta medida resultó significativamente más bajo que las previsiones iniciales. Concretamente, Renfe Viajeros percibió una compensación de 201 millones de euros por el servicio prestado en el último tramo de 2022 y 600 millones para todo 2023, aunque el coste ajustado calculado por el Tribunal habría sido de 137,2 millones y 419,1 millones de euros, respectivamente.
La fiscalización de estos gastos, así como la revisión de los mecanismos internos de gestión y control, se produce en un momento especialmente delicado para el sistema ferroviario español. El Tribunal de Cuentas llevará a cabo en 2026 una amplia auditoría sobre la planificación y ejecución de las actuaciones en la red ferroviaria, precisamente cuando la red pública afronta presiones crecientes derivadas del deterioro de servicios, fallos y múltiples incidencias. Esta revisión comprenderá el periodo 2022-2026 y pondrá el foco en la correspondencia entre los proyectos planificados y las obras ejecutadas, analizando la eficiencia en la asignación de recursos públicos, la trazabilidad de las decisiones y la consistencia de los controles internos aplicados a una infraestructura estratégica para la movilidad y la seguridad de los ciudadanos.
Renfe y el abono gratuito: una diferencia millonaria
Por otro lado, el otro eje central de la comparecencia será el abono gratuito de Renfe, una de las medidas estrella lanzadas para fomentar el uso del transporte público y aliviar el bolsillo de miles de ciudadanos. El Tribunal de Cuentas, sin embargo, ha detectado una diferencia sustancial entre el dinero transferido a Renfe y el coste real del servicio.
Según el informe que expondrá este martes Enriqueta Chicano, el Estado compensó a Renfe Viajeros con 201 millones de euros en la última parte de 2022 y 600 millones para todo el 2023, en concepto de la gratuidad de los servicios de Cercanías, Media Distancia y Avant. Sin embargo, el gasto real calculado por el Tribunal fue sensiblemente menor: 137,2 millones y 419,1 millones, respectivamente. La diferencia total asciende a 245 millones de euros, un desvío que plantea interrogantes sobre los mecanismos de estimación y control del gasto público.
La serie de comparecencias y la presentación de los distintos informes de fiscalización dan paso ahora a un periodo en el que los grupos parlamentarios formularán sus apreciaciones y propuestas de resolución, que posteriormente deberán ser debatidas y votadas en el seno de la Comisión Mixta.
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