El Sindicato de Inquilinas ha celebrado este lunes que el desahucio de la activista Paca Blanco ha quedado suspendido de forma temporal gracias a “la presión social y la organización colectiva”. Referente del feminismo español y superviviente del Patronato de la Mujer del franquismo, Blanco ha dedicado su vida a la defensa del territorio, del medioambiente y de los derechos colectivos. A sus 77 años y con un estado de salud delicado, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid envió a la activista una orden de desahucio a inicios del año, que este viernes ha quedado paralizada.
Blanco reside actualmente en una vivienda pública adjudicada a su hijo y su nuera hace más de 10 años. La pareja se trasladó hace tiempo a Brasil y dejó que la madre del propietario se quedase en el que fue su hogar. Desde entonces, la septuagenaria se ha hecho responsable del inmueble y ha intentado en varias ocasiones regularizar su situación. Blanco quiere que se la reconozca como inquilina de la vivienda y pagar el alquiler social correspondiente, pero la EMVS la considera una okupa y ha rechazado sus peticiones hasta el momento. La ley actualmente no permite ceder la titularidad del inmueble de hijos a padres, pero sí admite el traspaso en el caso contrario.
Su caso ha provocado la movilización de más de 150 organizaciones y colectivos de todo el Estado, que firmaron un manifiesto en apoyo a la activista española. El pasado miércoles, Blanco volvió a acudir una vez más a la sede de la EMVS, acompañada de representantes de estas asociaciones, para intentar negociar su situación.
“Paca sigue en riesgo inminente de desahucio”
El desahucio de Blanco estaba programado para el lunes 23 de febrero, pero este viernes, el Sindicato de Inquilinas ha conocido la paralización del desahucio, “una victoria fruto de la movilización”, han valorado en un comunicado. La organización advierte, no obstante, que “la paralización del desahucio no puede interpretarse como una solución, sino como una tregua arrancada por la movilización”. Así, recuerdan que “Paca sigue en riesgo inminente de desahucio” y que continuarán organizándose hasta que se reconozca su derecho de permanecer en la vivienda, “con un alquiler social adecuado a sus ingresos”.
El Sindicato de Inquilinas ha criticado que la información recibida a través de los Servicios Sociales, juzgados y la EMVS “ha sido contradictoria e insuficiente”. De hecho, no han conocido la paralización por escrito, sino a través de periodistas, que han accedido a los escritos judiciales a partir de filtraciones, cuando a Blanco se le ha negado el acceso a los mismos. “Esto es una muestra de un maltrato institucional flagrante”, han asegurado.
“A sus 77 años y con un estado de salud delicado, se pretende expulsar de su casa a una mujer que ha dedicado toda su vida a la defensa del territorio, del medio ambiente y de los derechos colectivos. Su trayectoria vital está marcada por la lucha social, la precariedad y la represión, desde el internamiento forzoso en instituciones del franquismo como el Patronato de Protección a la Mujer hasta la persecución por su oposición a proyectos especulativos como el resort de lujo Marina Isla de Valdecañas", han expresado desde el Sindicato de Inquilinas. La organización considera que “defender a Paca Blanco es defender el derecho a la vivienda de toda la clase trabajadora”.
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