Operación Zahorí: la Guardia Civil detecta más de 900 pozos y otras infraestructuras ilegales de captación de agua en toda España

En el marco de la Operación Zahorí, llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil, unidades del SEPRONA y de Seguridad Ciudadana, el Cuerpo Armado ha podido localizar 941 infraestructuras ilegales de extracción y acumulación de agua en todo el país.

Este dispositivo a nivel nacional busca inspeccionar y controlar el aprovechamiento de los recursos hídricos de aguas superficiales y subterráneas para proteger el Dominio Público Hidráulico. Las actuaciones ilícitas de captación de agua suponen un perjuicio grave para el medio ambiente porque supone el agotamiento de ríos, lagunas y humedales, así como la sobreexplotación de acuíferos y la destrucción de ecosistemas protegidos.

Tras la detección de las más de 900 infraestructuras, cuyas actuaciones se han desarrollado entre los meses de octubre de 2024 a septiembre de 2025, la Guardia Civil abrió investigaciones contra 31 personas por presuntos delitos relacionados con la distracción de aguas y los daños a los recursos naturales.

Como resultado, se detectaron 29 infracciones penales por delitos de distracción de aguas de uso público (59 %), delitos contra los recursos naturales (28 %) y el medio ambiente y delitos contra la ordenación del territorio (7 %). Además, se han tramitado 1.684 infracciones administrativas, de las cuales el 77 % corresponden a vulneraciones de la normativa en materia de aguas.

Del total de las técnicas ilícitas identificadas, el 60 % se corresponden con pozos, mientras que el resto lo componen sondeos (24 %), balsas (4 %) y otras modalidades como derivaciones o trasvases artificiales (12 %).

Según los informes periciales elaborados durante la Operación, los daños ocasionados al Dominio Público Hidráulico por estas infraestructuras podría ascender hasta los 270 millones de euros.

Infraestructuras ilegales en el entorno de Doñana

La Guardia Civil destaca especialmente algunas operaciones realizadas en las provincias andaluzas de Huelva y Córdoba, así como en la Comunidad de Madrid y en la Región de Murcia. La Operación Subterra, en Huelva, se ha desarrollado en el entorno del Parque Nacional de Doñana y su corona forestal, un enclave que se enfrenta a una seria sobreexplotación de su acuífero.

Esta operación ha permitido localizar algunas infraestructuras ilegales, saldándose con tres delitos contra los recursos naturales y el medioambiente y dos contra la ordenación del territorio tras la investigación de ocho personas físicas y cinco jurídicas.

En la localidad madrileña de Las Rozas, la Operación Bredo ha descubierto un sondeo no autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo y otro legal que contaba con un sistema de bypass instalado de forma fraudulenta antes del contador volumétrico, evitando el registro del caudal extraído. Así, se estima que desde 2002 se podría haber aprovechado agua de forma ilegal por un valor de 1,6 millones de euros.

En la Región de Murcia, en el municipio de Mazarrón, dos personas fueron investigadas por la puesta en regadío de más de 47 hectáreas de terreno catalogadas como de secano. La valoración pericial de la Operación Land Change estima que el daño ambiental ecosistémico es de más de 2,9 millones de euros, por lo que se les han imputado un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

En Córdoba, la Operación Captaqua ha detectado dos pozos clandestinos destinados al regadío y captaciones legales manipuladas a través de una inspección conjunta con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.