
España cerró 2025 con 2.474.156 infracciones penales, según el Balance de Criminalidad publicado este viernes por el Ministerio del Interior. La cifra supone 19.950 delitos más que en 2024, un incremento del 0,8% y marca el tercer año consecutivo con repuntes en algunos de los delitos graves, aunque los hurtos y robos con fuerza presentan descensos significativos.
El aumento de delitos violentos, junto con la presión de las plantillas policiales y la polémica sobre la trasparencia de los datos, ha generado un choque abierto entre el Gobierno y los sindicatos policiales, con JUPOL (mayoritario de la Policía Nacional) a la cabeza. “Los datos oficiales desmontan el discurso triunfalista del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que durante meses ha insistido en que la criminalidad estaba bajando“, señalan.
Por un lado, el Ministerio del Interior sostiene que la tasa de criminalidad convencional en España mantiene 40,4 delitos por cada mil habitantes, uno de los niveles más bajos desde que se tienen registros. Según esta interpretación, los descensos de hurtos y robos con fuerza, que constituyen la mayoría de las infracciones, permiten sostener que el país sigue siendo relativamente seguro.

No obstante, JUPOL critica lo que llama una “compensación estadística”. Para ellos, los descensos en delitos menores sirven para ocultar los aumentos en los delitos más graves, aquellos que realmente impactan en la percepción de inseguridad ciudadana. “La realidad es otra. Pese a que los hurtos, los delitos más numerosos, continúan descendiendo, sin esa bajada estadística, el incremento global sería aún más preocupante”, explican en un comunicado.
Según los datos del sindicato, los homicidios y asesinatos crecieron un 7,7%, los secuestros un 9,6%, las agresiones sexuales con penetración un 2,8% y los delitos relacionados con el tráfico de drogas un 5,5%. “La agregación de cifras de delitos menores y mayores en un único índice permite al Gobierno mantener un discurso optimista, mientras que la violencia grave ha registrado incrementos significativos que afectan directamente a la sensación de inseguridad en barrios y ciudades”, subrayan.
La brecha en transparencia
El conflicto entre Ministerio y sindicato se centra también en la información pública disponible. Según JUPOL, el Gobierno sigue sin publicar datos esenciales, como el porcentaje de delitos esclarecidos, el perfil de los detenidos o la nacionalidad de los implicados. “La ocultación sistemática de estos indicadores solo genera más desconfianza y evidencia una preocupante falta de rendición de cuentas”, insisten.
Mientras, cuerpos autonómicos como la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra ya publican estos datos, demostrando que, según el sindicato, la transparencia es posible cuando existe voluntad política.

Falta de medios materiales y humanos
Este aumento de los delitos graves tiene una explicación muy sencilla para JUPOL: “Venimos advirtiendo que este deterioro de la seguridad ciudadana es consecuencia directa de la falta de medios materiales y humanos, la congelación del Catálogo de Puestos de Trabajo desde 2008, la escasa reposición de efectivos y la ausencia de políticas de prevención eficaces”, señala, añadiendo que la presión sobre los agentes solo se traduce en dificultad de prevención y respuesta ante los crímenes.
Por todo ello, el sindicato ha convocado una manifestación para el 23 de febrero frente al Ministerio del Interior, junto con los sindicatos JUSAPOL y JUCIL en el que solicitarán “la dimisión del ministro y del director de la Policía”, sentencian.
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