
El abogado de la agente que denunció por agresión sexual al director adjunto operativo de la Policía Nacional, Jorge Piedrafita, ha explicado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha establecido ningún tipo de comunicación ni con la denunciante ni con él desde que se conoció el caso, a pesar de haber declarado que dimitiría si la agente decía haberse sentido desprotegida.
Piedrafita ha señalado que, en su opinión, no corresponde a la víctima solicitar la dimisión del ministro, sino que es el propio responsable del Interior quien debe tomar esa decisión en función de los hechos. Así lo ha manifestado el letrado: “Ni el ministro Grande-Marlaska ha hablado con mi cliente ni ha hablado conmigo. Mi teléfono está abierto, puede ponerse en contacto conmigo cuando quiera, que le atenderé muy gustosamente”.
Marlaska no se ha puesto en contacto; la DAO interina sí
La DAO interina, Gema Barroso, sí ha mantenido contacto con la denunciante. Piedrafita ha destacado que Barroso ha escuchado a la agente y la ha animado “a que siguiera hasta el final con todas las consecuencias”. Según el abogado, la DAO interina “se quedó de piedra ante lo que le estaba contando, y desde luego que le dijo que estaba haciendo lo correcto”.
La respuesta institucional se ha visto marcada por la intervención de Grande-Marlaska en el Congreso. El ministro declaró que presentaría su dimisión si la víctima le hacía saber que se había sentido desprotegida. Ante estas palabras, Piedrafita ha afirmado que “la víctima tiene que estar tranquila y no se le tiene que trasladar esa presión”. El letrado considera que estas declaraciones suponen “volver a trasladar a la víctima algo que no le corresponde”. Según su relato, la agente llegó a preguntarse si le habían puesto “el futuro del ministro” en sus manos.
Piedrafita ha mantenido que en este caso “se han hecho muchas cosas mal” y que corresponde a los altos cargos del Cuerpo y del Ministerio del Interior “asumir las responsabilidades que les correspondan”. Ha insistido en que la denunciante no debe “asumir esa decisión o recibir ningún órdago”.
En cuanto a las medidas adoptadas, el ministro solicitó la dimisión del DAO y ha abierto expediente al comisario y asesor del DAO, Óscar San Juan González, en vez de cesarles directamente. Piedrafita ha expresado su desacuerdo con este procedimiento.
El estado personal de la agente continúa definido por una baja psicológica que se prolonga desde julio de 2025. Durante este periodo, según ha explicado el abogado, “nadie del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha llamado” a la denunciante. Piedrafita ha pedido que dejen de dirigirse ataques y responsabilidades a la agente y ha afirmado que “bastante hundida está”.
El desarrollo del caso ha vuelto a colocar en el debate la gestión de denuncias por agresión sexual dentro de la Policía Nacional y la actuación de los responsables políticos ante este tipo de situaciones. El entorno de la denunciante mantiene su petición de que la atención institucional se centre en la protección y atención a la agente, que permanece a la espera de una resolución de las diligencias abiertas y sin novedades de las autoridades del Ministerio del Interior ni de los servicios internos de la Policía Nacional.
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