Un pensionista enfrenta una petición fiscal de seis años de prisión tras haber intentado incendiar una oficina de la Seguridad Social en Madrid en agosto de 2023, según ha informado la Agencia Efe. El acusado, identificado como L.A.C.R., reconoció haber vertido gasolina en el interior del edificio, pero defendió su acción como una forma de “protesta” contra la administración pública.
L.A.C.R., de 71 años en el momento de los hechos, compareció ante la Audiencia Provincial de Madrid mediante videoconferencia, a pesar de estar citado presencialmente. Su conexión remota, realizada desde un pequeño municipio de Extremadura, provocó retrasos en el inicio de la vista debido a problemas técnicos. El acusado justificó su actuación alegando que “llevaba muchos cientos de euros gastados en llamadas a cobro revertido” para resolver una solicitud de subsidio denegada. Según su testimonio, la desesperación y la “ineptitud de la administración” le llevaron a optar por esta medida extrema.
El intento de incendio ocurrió el 16 de agosto de 2023 en una concurrida oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), situada en la calle Serrano, número 102. El relato de la Fiscalía detalla que L.A.C.R. llegó a la sede portando una garrafa con seis litros de gasolina, procedente de Gijón, su ciudad natal, y un mechero. La acusación sostiene que el hombre derramó el combustible en el suelo del local, repleto de usuarios, e intentó prenderlo sin éxito.
La rápida intervención de un vigilante de seguridad evitó que el fuego se propagase. Durante el forcejeo para impedir el encendido, un agente de la Policía Nacional intervino y ambos cayeron al suelo. El policía sufrió intoxicación por inhalación de carburantes y necesitó tratamiento médico, recuperándose tras varios días.
El pensionista defiende que no quería dañar a nadie
Fuentes jurídicas consultadas por Efe informaron que el acusado rechazó una oferta de acuerdo de la acusación que habría reducido de forma considerable la condena, o incluso permitido evitar la prisión. En su exposición ante el tribunal, el pensionista insistió en que no pretendía dañar a nadie, sino llamar la atención sobre su situación tras la denegación inicial del subsidio. Paradójicamente, según su declaración, la prestación le fue concedida pocos días después del incidente.
El Ministerio Público reclama una condena de seis años de cárcel por un delito de incendio en grado de tentativa y otro leve de lesiones. Además, solicita una multa de 540 euros y el pago de indemnizaciones: 100 euros para el policía afectado por las lesiones y 112 euros al Ministerio del Interior por los daños en el uniforme del agente. La oficina de la Seguridad Social en cuestión estaba llena de público en el momento del suceso, lo que aumentó la gravedad potencial del acto.
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