El Gobierno regional que presidenta Isabel Díaz Ayuso sigue con la política de externalizar servicios médicos del hospital Infanta Leonor, atiende a 320.000 vecinos de los dos distritos vallecanos. Si acaba de adjudicar los tratamientos médicos derivados de la unidad del dolor a la Fundación Hospitalarias, una congregación religiosa; y está a la espera de concretar una segunda privatización de pruebas digestivas (como colonoscopias y panendoscopias), ahora le toca el turno a unas pruebas diagnósticas muy concretas: las resonancias magnéticas abiertas para los pacientes de este centro. El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ha publicado este martes 3 de febrero los pliego de este nuevo contrato.
El argumento es conocido: “El Hospital Universitario Infanta Leonor no cuenta con los recursos suficientes para atender la demanda de resonancias magnéticas abiertas, lo que provoca un aumento de la lista de espera y ocasiona un retraso en el diagnóstico con el consiguiente deterioro de la asistencia sanitaria. La limitación de recursos propios, la complejidad y la especificidad de la tarea hacen necesaria la contratación, ya que el Hospital carece de recursos humanos y técnicos suficientes”. Según los últimos datos oficiales (diciembre de 2025), el hospital tenía 457 pacientes esperando una resonancia magnética. La demora media es de 34,84 días.
La principal diferencia entre una resonancia magnética abierta y una cerrada es la manera en la que se coloca al paciente durante la prueba. En la cerrada, se introduce a la persona dentro de un tubo en el que es más fácil concentrar el campo magnético y, por tanto, los resultados obtenidos son más fiables. En el caso de las abiertas, el paciente se coloca entre dos platos, que concentran el campo magnético mediante imanes. Las imágenes tienen menos calidad que las resonancias cerradas. Las resonancias magnéticas es una técnica habitual en este hospital, pero la abierta “es una técnica que no está contemplada en la cartera de servicios. Tampoco disponemos de hospital de referencia para la derivación de las mismas en la red de hospitales del SERMAS”, explican desde la Consejería de Sanidad.
El hospital Infanta Leonor, que también gestiona el hospital Virgen de la Torre, fue inaugurado en el año 2008 bajo el modelo PFI con concesión de obra pública que puso en marcha el Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Con este modelo una empresa privada corría con los gastos de construcción del centro, adelantando la financiación. Luego la Administración devuelve esta especie de préstamo inicial con un canon durante un periodo concreto, que en este caso acaba en 2025. La empresa también puede gestionar servicios no asistenciales, como la cafetería o la lavandería, con los que obtiene mayores réditos económicos. La asistencia sanitaria es gestionada por la Consejería de Sanidad y el hospital se integra en la red pública.
Un servicio que no está previsto
En mayo de 2025, Sanidad aprobó un reequilibrio económico del contrato por el que la Administración pagará entre 2028 y 2035 un total de 31,2 millones de euros a la empresa concesionaria: Hospital de Vallecas SA, que se ha comprometido a realizar diez obras de mejora en el centro, como una reforma del área de Psiquiatría, una nueva sala de Endoscopias o una rehabilitación de los vestuarios. Entre estos planes no está la compra de equipos para realizar este tipo de pruebas. Trabajadores de este hospital y plataformas vecinales de Vallecas han convocado este jueves una concentración “contra el plan privatizador de la Consejería de Sanidad; un plan que contempla, entre otras cuestiones, una unidad de dolor que nace privatizada o diferentes centros de salud del barrio que no contemplan radiodiagnóstico, mamografías ni ecografías que se han derivado al negocio amparado por el Partido Popular”.
Este nuevo contrato permite al futuro adjudicatario realizar estas pruebas en centros médicos ubicados en toda la Comunidad de Madrid. Es decir, no lo limita a la zona de influencia del hospital Infanta Leonor, por lo que se prevé que los pacientes afectados hagan desplazamientos más largos. Sanidad también exige que los equipos para hacer las resonancias estén fabricados después de 2016. El Sermas tiene previstas que se realicen 370 de estas pruebas, con un coste unitario de entre 92 y 135 euros. El coste total del contrato es de 36.300 euros al año, que con prórrogas se puede ir a 188.760 euros
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