A veces, algunas enfermedades exigen anteponer la salud al empleo y dejan sin posibilidad de trabajar a la persona que las sufre, expulsanla efectivamente del mercado laboral de forma perpetua. En España, los trabajadores que sufren una incapacidad permanente tienen derecho a recibir compensaciones económicas que pueden incluir indemnizaciones únicas o pensiones mensuales. Sin embargo, la cuantía y los requisitos para acceder a estas ayudas dependen del grado de incapacidad reconocido por la Seguridad Social.
Comprender estas diferencias es fundamental para quienes atraviesan situaciones como estas, ya que influye directamente en sus ingresos y en las posibilidades de seguir trabajando. Por eso, el abogado Ignacio de la Calzada explica con detalle cómo funciona este sistema y cuáles son los derechos de los trabajadores afectados en un video publicado en su perfil de TikTok (@laboral_tips).
La incapacidad permanente parcial se concede cuando el trabajador mantiene la posibilidad de desempeñar su puesto habitual, aunque con ciertas limitaciones. De la Calzada puntualiza que, incluso en este escenario, la empresa está obligada a realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo para adaptarlo a las nuevas circunstancias del empleado. Además, el beneficiario tiene derecho a recibir una indemnización equivalente a 24 mensualidades de sueldo bruto. Este grado de incapacidad está pensado para proteger al trabajador frente a las pérdidas de capacidad laboral que, aunque no impidan trabajar por completo, sí limitan su rendimiento habitual.
Incapacidad permanente total y absoluta
En el caso de la incapacidad permanente total, se reconoce el derecho a percibir el 55% de la base reguladora del trabajador. Esto no impide que pueda continuar trabajando, siempre que se trate de tareas menos exigentes o adecuadas a sus limitaciones. Según De la Calzada, a partir de los 55 años, si el afectado no logra reincorporarse al mercado laboral, se incrementa la pensión en un 20% adicional, buscando garantizar una mayor protección económica en la etapa previa a la jubilación.
Por otro lado, la incapacidad permanente absoluta se concede a quienes no pueden desempeñar ningún tipo de empleo. En estos casos, la pensión equivale al 100% de la base reguladora, y, en principio, el beneficiario no puede realizar ningún trabajo. Este nivel de incapacidad refleja la pérdida total de capacidad laboral, y la pensión tiene como objetivo compensar la ausencia completa de ingresos provenientes del trabajo.
Hasta 150% de la base reguladora en los casos más graves
Por último, la gran invalidez se otorga a personas que no solo quedan excluidas del mercado laboral, sino que además requieren asistencia de otra persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria. En esta situación, la pensión asciende al 150% de la base reguladora, reconociendo la necesidad de apoyo adicional y los costes asociados a los cuidados continuos.
El grado de incapacidad se determina considerando las limitaciones físicas o psicológicas del trabajador en relación con su puesto de trabajo y sus funciones habituales. De la Calzada, conocido en redes como Un Tío Legal, aclara que no existe un listado oficial de enfermedades que garantice automáticamente la concesión de una incapacidad, sino que la evaluación exige analizar todas las patologías y condiciones médicas del solicitante, valorando si puede trabajar en su ocupación habitual o en cualquier otro empleo, y en qué medida sus enfermedades afectan su capacidad laboral.