
A sus 92 años, Fernanda Vandewalle creyó haber dejado atrás cualquier preocupación relacionada con el tráfico. Hace más de un año y medio que no conduce y vive en una residencia de ancianos en Bissegem, Flandes Occidental. Sin embargo, hace unos días comenzaron a llegar multas de tráfico a su nombre, acusándola de conducir a exceso de velocidad en lugares a los que ni siquiera puede ir sola.
La sorpresa en la familia fue total. Las infracciones no solo eran recientes, sino que se cometieron en Farciennes y Bruselas, dos ciudades a más de 90 kilómetros de la residencia de Fernanda. Nadie entendía cómo era posible: su coche está aparcado y sin uso en la casa de su hija. La noticia resultaba tan absurda que, en palabras de la propia Fernanda, “¿Crees que voy a escondidas a Farciennes o Bruselas? Ni siquiera podría ir tan lejos a mi edad”.
La indignación creció al conocer los detalles de las sanciones. Durante toda su vida, Fernanda nunca había recibido una sola multa. Ahora, con la movilidad reducida y alejada por completo del tráfico, se encuentra ante la amenaza de tener que pagar cantidades que, además de injustas, representan un esfuerzo económico innecesario para su situación.
La incógnita de las multas
La primera sanción llegó con fecha del 18 de diciembre. El documento informaba de una infracción por circular a 74 km/h en una zona donde el límite era 70 km/h. El total: 63,42 euros. Pocos días después, otra notificación: esta vez, 52 km/h en lugar de 50, por la misma suma. La familia revisó todo lo posible para ver que era lo que había podido pasar. El Mitsubishi Colt de Fernanda seguía parado desde hace meses en la vivienda de su hija, sin señales de haber sido movido ni de que falte la matrícula. Tampoco hay denuncias de robo ni indicios de un uso indebido.

Ni Fernanda ni sus allegados encontraron una respuesta de como podía haber pasado todo. Para añadir más confusión, las autoridades les han informado que una tercera multa podría estar en camino. La preocupación por el dinero se suma al malestar de enfrentarse a un sistema que parece no tener en cuenta situaciones tan evidentes como la personas mayores que ya no conducen.
Las barreras para reclamar
Enfrentar un error administrativo es complicado para cualquiera, pero mucho más para una persona de 92 años. Fernanda no tiene acceso a sistemas digitales de pago ni a los códigos electrónicos necesarios para hacer gestiones online. Para reclamar, su familia tuvo que recurrir a una carta certificada, que además costó casi 10 euros.
El proceso no solo implica tiempo y dinero, sino también una carga emocional para Fernanda y su entorno. La sensación de indefensión crece cuando las respuestas no llegan y las sanciones siguen acumulándose. El misterio aún está por resolverse pero casos como el suyo muestran las dificultades que enfrentan muchas personas mayores frente a trámites que se vuelven inaccesibles. Además de a un sistema que, cuando falla, resulta muy difícil de corregir.
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